MANILA, Filipinas (AP) — Al menos 133 abogados han sido asesinados en Filipinas desde la década de 1980 en ataques relacionados con el trabajo, casi la mitad de ellos en los últimos seis años durante el turbulento mandato del expresidente Rodrigo Duterte, reportó el sábado un destacado grupo de abogados.
La Unión Nacional de Abogados del Pueblo señaló que el acoso hacia abogados y jueces en Filipinas ha continuado bajo el mandato del presidente Ferdinand Marcos Jr, que asumió el cargo en junio, a pesar de las alarmas lanzadas por el Tribunal Supremo del país y los organismos de control internacionales.
El año pasado, el Tribunal Supremo condenó, en una inusual expresión pública, el creciente número de asesinatos y amenazas contra abogados y jueces, y pidió a los tribunales inferiores, a las fuerzas del orden y a grupos de abogados que proporcionaran información sobre tales agresiones en los últimos 10 años a fin de poder tomar medidas preventivas. Estas agresiones “no pueden permitirse en una sociedad civilizada como la nuestra”, sostuvo el alto tribunal.
El grupo de abogados informó a sus miembros en una conferencia el sábado que 59 de los 133 asesinatos de abogados en el país desde 1984 sucedieron bajo el mandato de Duterte.
La mayoría de los asesinatos sigue sin resolverse y los agresores no han sido identificados, aunque se ha culpado a las fuerzas del Estado de docenas de atentados contra abogados, que aparentemente eran el objetivo por representar a defensores de derechos humanos y activistas, según Melai Pinlac, del grupo de abogados.
Fundado en 2007 como grupo privado de abogados, en su mayoría defensores de los derechos humanos, desde entonces ha perdido a cinco miembros “en ataques homicidas”, mientras que otros tres miembros han sobrevivido a agresiones violentas. Otros miembros “se han enfrentado a acusaciones falsas” y al acoso por hacer su trabajo, dijo.
Con la llegada de los medios de comunicación social, las amenazas se han hecho frecuentes en la red, y los abogados miembros se han convertido en blanco de acusaciones falsas “y de ser calificados erróneamente como terroristas, comunistas o desestabilizadores”, señaló Pinlac.
