CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Con un cartel que decía “el Ejército debe rendir cuentas” congresistas protestaron el miércoles contra la negativa del secretario de la Defensa de comparecer ante el Congreso, situación que ha incrementado las críticas entre opositores y analistas sobre la creciente opacidad de las fuerzas armadas mexicanas en momentos en los que el gobierno le delega cada vez más tareas y se amplía su permanencia en las calles en labores de seguridad pública.
Ocurrió durante el debate en el Senado sobre las políticas de seguridad del gobierno, donde el secretario de la Sedena, general Luis Cresencio Sandoval, y el secretario de la Marina, almirante Rafael Ojeda Durán, se hicieron presentes, pero no intervinieron por decisión de la mayoría oficialista que canceló sus comparecencias y sólo autorizó que hablara la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez.
Por varias horas Sandoval presenció en silencio las críticas que le hicieron senadores opositores por no rendir cuentas sobre el papel de las fuerzas armadas en la seguridad pública, y debió enfrentar insultos y acusaciones.
En su intervención Rodríguez negó que desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se promueva la militarización de país, como sostienen opositores y activistas, y aseguró que con el proyecto del mandatario se busca promover la paz y no “someter el pueblo civil con violencia y fuerza militar”.
La suspensión de la comparecencia se da pocos días después que Sandoval rechazó acudir ante la comisión Defensa de la Cámara de Diputados que lo invitó para hablar de la extracción masiva de archivos que sufrió la Sedena por parte de un grupo de hackers llamado Guacamaya, muchos de los cuales han sido difundidos en los últimos días por medios locales.
El diputado opositor Sergio Barrera, secretario de la Comisión de Defensa de la cámara baja, manifestó inquietud por la situación, y dijo a The Associated Press que “si no rinden cuentas, si no hay transparencia, es un tema que a todos los mexicanos nos debería preocupar”.
Organizaciones civiles y activistas también han cuestionado la opacidad que hay en algunos proyectos de obras públicas que han sido manejados por las fuerzas armadas, así como algunos casos de violaciones de los derechos humanos en los que han resultado involucrados militares y la Guardia Nacional, que el mes pasado pasó a control del Ejército.
Barrera recordó que en la reforma constitucional que aprobó la semana pasada el Congreso para extender hasta el 2028 la presencia de los militares en las calles, se estableció que las fuerzas armadas deben presentar informes semestrales de sus avances en materia de seguridad pública, y agregó que “si ahorita estamos pidiendo que pase eso (la rendición de cuentas) y no sucede, ¿pues qué nos espera entonces?".
Barrera se vio envuelto en la polémica de las fuerzas armadas luego que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, justificó la no comparecencia de Sandoval en el Congreso alegando que el diputado se dirigió en términos “irrespetuosos” al general cuando le envió una misiva para invitarlo a hablar del hackeo de los archivos de la Sedena.
En lo que va de su mandato que comenzó en 2018, el presidente López Obrador ha entregado a las fuerzas armadas proyectos clave de su gobierno como el nuevo aeropuerto de la capital mexicana y un tren en el sur del país, la administración de aduanas y algunos terminales aéreos, y hasta la distribución de vacunas.
López Obrador que defendió, antes de llegar a la presidencia, que los militares debían retornar a los cuarteles, en los últimos meses cambió de posición alegando que se requiere que las fuerzas armadas continúen en labores de seguridad pública para hacer frente a las poderosas organizaciones criminales que mantiene azotadas algunas regiones de México.
Desde el 2006 los militares y marinos mexicanos han cumplido un papel clave para combatir a los grupos criminales y narcotraficantes.
A pesar del amplio despliegue de la Guardia Nacional y otras fuerzas militares en los 32 estados del país, la criminalidad no ha logrado contenerse en México.
