La ley federal prohíbe que los no ciudadanos voten en las elecciones federales, al igual que en los comicios para presidente, vicepresidente, el Senado o la Cámara de Representantes.
La ley de 1996 establece que quienes no son ciudadanos y voten ilegalmente enfrentarán una multa, prisión o ambas. Los no ciudadanos que voten y sean atrapados también podrían enfrentar la deportación.
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Algunos políticos y expertos han encendido la alarma de que un gran número de personas que no son ciudadanas podrían estar votando ilegalmente. Los estudios muestran que esto no sucede, según Ron Hayduk, profesor de ciencias políticas en la Universidad Estatal de San Francisco, quien estudia las leyes electorales para los no ciudadanos.
Aunque hay reportes anecdóticos de no ciudadanos que se registran y votan, “la incidencia de tales hechos es infitesimal”, dijo Hayduk.
La investigación realizada por el Centro Brennan para la Justicia en 2017, analizó 42 jurisdicciones en la elección de 2016 e informó que de 23 millones y medio de votos emitidos, los funcionarios electorales sólo encontraron unos 30 casos de posibles votantes no ciudadanos que ellos remitieron para enjuiciamiento o investigación adicional.
Investigaciones más recientes tampoco han mostrado pruebas de una votación generalizada de quienes no son ciudadanos. Una auditoría en Georgia, de sus listas electorales realizada este año, encontró menos de dos mil casos de no ciudadanos que intentaron registrarse para votar en los últimos 25 años, y ninguno de ellos tuvo éxito. Millones de nuevos votantes en Georgia se registraron durante ese mismo período.
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La ley federal no impide que los estados o municipios otorguen a los no ciudadanos el derecho a votar en elecciones locales, y algunos lo han hecho; entre ellas 11 ciudades en Maryland y dos en Vermont.
Este año, la ciudad de Nueva York aprobó una ley que permitiría a no ciudadanos legalmente documentados y a los jóvenes que llegaron de niños a Estados Unidos; ya fuera por sus padres que entraron ilegalmente al país o porque se quedaron una vez que expiraron sus visas, mejor conocidos como “dreamers”, votar para alcalde y otros funcionarios electos, pero un juez bloqueó la medida en junio.
