El alarmante dato de que solo una de cada 10 mujeres logra pensión alimentaria para sus hijos, impulsa una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México que ya tiene el respaldo de la mayoría de las fuerzas políticas para aprobarse y coadyuvar en la localización de deudores y la dictaminación de su peligrosidad.
Red de Mujeres en Acción está detrás de la propuesta que llegó a manos de legisladores y la cual busca reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la CDMX y el Código de Procedimientos Civiles de la entidad.
De acuerdo con la vocera del colectivo, Ingrid Tapia, la iniciativa Caso 992 busca que la Unidad de Medidas Cautelares tenga facultades para intervenir en la ubicación de los deudores alimentarios y en la dictaminación de su peligrosidad procesal.
“Es una injusticia, una barbaridad que las mujeres y los niños abandonados tengan que señalar en dónde se encuentra el deudor alimentario. Afortunadamente hemos recibido una enorme acogida de todos los partidos locales y yo creo que nadie en su sano juicio se va a oponer a esta reforma”
— - señaló Tapia en entrevista con Publimetro.
Indicó que lo que la iniciativa busca es proteger a las mujeres que materna solas y hacer que los padres que han abandonado y ejercido violencia vicaria antes sus hijos se hagan responsables ante la ley.
Demandas contra deudores alimentarios
Entre los argumentos con las que se presentó la iniciativa en el Congreso capitalino destaca que en la actualidad, en los 42 juzgados de esta entidad, se tienen hasta cuatro mil demandas anuales de alimentos.
Asimismo, refieren que solo uno de cada cuatro menores de padres separados logra cobrar pensión y, en la pasada década, murieron más de 80 mil niños en manos de sus propios padres o padrastros.
El caso de Ingrid Tapia, número 992, es la base fundamental de la iniciativa que llegó al Legislativo en la CDMX; se refiere al proceso de esta mujer, madre de tres hijos, que fue abandonada después de haber sido violentada y despojada de su patrimonio y que vivió ocultamiento procesal de su cónyuge por casi dos décadas.
Apenas el pasado mes de marzo pudo Ingrid divorciarse de quien fue su esposo durante 30 años y quien es acusado de ejercer violencia vicaria y lastimar física y emocionalmente a sus propios hijos. Durante este tiempo el hombre ha logrado evadir sus responsabilidades legales debido al puesto en que se desenvuelve, al ser un servidor público, y usando a terceros para falsificar las direcciones de su domicilio.
Red de apoyo
Ingrid asegura que en su caso ya perdió toda su vida en este proceso, sin embargo, busca que su caso sirva para darle empuje a la reforma y que otras mujeres no pasen por lo mismo.
“Este esfuerzo vale la pena porque hay muchas mujeres en las mismas condiciones y espero que sus hijos no pasen por lo mismo que mis hijos y yo sufrimos”
— - enfatizó.
Cabe destacar que esta reforma también pretende que en el futuro se incluya en el proyecto del Código Nacional de Procedimientos Civiles, una vez que sea remitido por la Cámara de Diputados.
TRES PUNTOS CLAVE DE LA INICIATIVA CASO 992
- Adopción de medidas que aseguren autonomía judicial
- Cese inmediato del tráfico de influencia a favor de deudores y violentados
- Aprobación de las reformas en materia de violencia vicaria y la Ley 3 de 3 (dirigida a que los agresores sexuales y los deudores alimentarios no accedan a cargos públicos).
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