El gobierno de Andrés Manuel López Obrador va por los recursos que México tiene en las reservas internacionales y los fondos de jubilación del IMSS e ISSSTE; con finalidad de completar el gasto público, financiar sus megaproyectos y hasta desviar recursos para las campañas electores de 2024.
Lo anterior como parte de una reforma a los Artículos 21 y 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, aprobada la semana pasada por la Cámara de Diputados; que permite a la federación tomar los activos financieros del país, para capitalizar al gobierno, alertaron especialistas.
El consultor financiero y expresidente de la Condusef, Mario Di Costanzo, explicó a Publimetro que los “activos financieros” más importantes están en las reservas internacionales del país, que suman 196 mil 890 millones de dólares al cierre de octubre.
Señaló que bajo la misma definición se encuentran las reservas estratégicas del IMSS e ISSSTE, que están comprometidas para cubrir las pensiones de los trabajadores al servicio de dichos institutos públicos.
Además de que tendría a disposición una bolsa de 650 mil millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional (FMI) asignó a favor de México, bajo el mecanismo definido como Derechos Especiales de Giro (DEG); cuyo objetivo es complementar las reservas oficiales de los países miembros del organismo y que, por lo tanto, se ubican como activos financieros.
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Di Costanzo indicó que, aun cuando algunos analistas advierten que los fondos de retiro depositados en las Afores también serían tomados por el gobierno para completar el gasto público, tales recursos son privados y no son parte de los activos de país.
En referencia a este último punto, alertó que uno de los riesgos más graves de la reforma es que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria “no define qué es un activo financiero”; lo cual abre la puerta a que el gobierno del presidente López Obrador tome con libertad los recursos disponibles.
Megaproyectos y campañas electorales
El expresidente de la Condusef señaló que la reforma establece que, para disponer de los recursos, el gobierno debe integrarlos al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) y, una vez ingresados a este último, la Secretaría de Hacienda puede asignarlos como parte del gasto público sin decir cuánto, en qué y cómo los gastó.
“Lo peligroso es que esta reforma les permite –al gobierno– ocupar cualquier activo financiero para seguir financiando sus megaproyectos como el Tren Maya o para seguir subsidiando al Aeropuerto internacional Felipe Ángeles (AIFA)”, apuntó.
Consideró que la reforma es una medida desesperada de la autoridad para resolver la crisis que atraviesan las finanzas públicas. Refirió que para 2023 Hacienda proyectó una meta de crecimiento de 3% y estimó la recaudación bajo tal escenario; pero, “si bien nos va”, la economía llegará a 1% o menos y, entonces, van a faltar Ingresos”.
Mario Di Costanzo puntualizó que la reforma aprobada por los diputados, que ahora pasará al escrutinio del Senado, implica muchos riesgos y, entre ellos está que los activos del país también sirvan para financiar la campaña presidencial de 2024.
“Es una reforma para eludir los controles de la Cámara de Diputados sobre la asignación del gasto público, que permite al gobierno gastar los recursos en cualquier cosa, en lo que quiera, y puede ser hasta una forma de desviar dinero para las campañas políticas”, advirtió.
Dos preguntas a
Ramón Martínez, especialista en Economía y Finanzas de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC):
1. ¿Qué implicaciones tiene la reforma para capitalizar al gobierno federal?
– Esta reforma implica tomar los recursos considerados como activos financieros, para destinarlos al gasto público, sin que haya las seguridad restituirlos y, en caso de tomar los fondos de pensión, existe el riesgo de que la autoridad contrate una mayor deuda regresar el dinero que tomó.
2. ¿Qué alternativas tiene el gobierno para evitar evitar los riesgo de la reforma a la Ley de Presupuesto?
– La opción llevar a cabo una reforma fiscal que incremente la recaudación de forma adecuada, con beneficios y ventajas para las personas y empresas. Esta reforma también debe combatir la informalidad, impulsar la inversión en nuevos proyectos y mejorar los ingresos del gobierno, a través de cobro de impuestos.
