CEUTA, 25 (EUROPA PRESS)
La jueza ha dado diez días a la Fiscalía y las acusaciones (hay dos populares personadas y varios niños podrían ejercer también la particular) para que formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o bien el sobreseimiento de la causa, sin perjuicio de que puedan pedir la práctica de diligencias complementarias que consideren imprescindibles para formular acusación.
Según el auto comunicado este viernes por la magistrada a las partes, la exdelegada era administrativamente competente para llevar a cabo los trámites relativos a la repatriación de niños migrantes solos y "prescindió absolutamente del procedimiento establecido aprovechando la disponibilidad que las autoridades marroquíes mostraban excepcionalmente para recibir" a al menos parte de los menores que habían accedido irregularmente a la localidad española en mayo del año pasado.
Deu, que renunció a las competencias de Menores el pasado mes de julio, "se hallaba de acuerdo" con la otra investigada "en proceder a entregar a Marruecos a los menores bajo su guarda, prescindiendo, a sabiendas, de cualquier procedimiento y del dictado de la preceptiva resolución individualizada acorde con la legalidad nacional e internacional de protección de los derechos de los menores".
El comportamiento de Mateos y la vicepresidenta del Gobierno de Ceuta ya ha sido reprobado en primera y segunda instancia por la vía de lo Contencioso-Administrativo. La asociación L'Escola denunció su actuación por la vía de lo penal y la Fiscalía de la ciudad autónoma abrió diligencias de investigación que derivaron en una instrucción tras la que ha resultado indiciariamente constatado que "actuaron de común acuerdo con flagrante y grosera infracción" de la normativa al respecto y "a sabiendas de la ilegalidad de la actuación, persiguiendo con su arbitraria decisión repatriar colectivamente a los menores migrantes sin observar ni respetar los derechos de los mismos.
Las dos investigadas "desoyeron la prohibición de repatriaciones colectivas, prescindieron en absoluto del procedimiento administrativo, en especial de la audiencia del menor, su derecho a la asistencia letrada y de intérprete, se prescindió del trámite previo de audiencia del Ministerio Fiscal y del deber de dictar resolución motivada en que se pondere el interés del menor, conculcando igualmente el derecho al recurso contra la decisión de repatriación, porque lo que ocurrió es que directamente se pasó a la fase de ejecución, que era la finalidad perseguida".
La juez añade que, "como tampoco se constituyó el Comité de Seguimiento al que se refiere el artículo 6 del Acuerdo hispano marroquí de 2007, se carece de información oficial de la situación y medidas adoptadas con cada uno de los menores afectados, ignorándose si efectivamente han retornado con sus familias o quién se ha hecho cargo de ellos en cada caso, habiéndose producido en algunos casos el nuevo acceso subrepticio a nuestro país de menores", citando el caso concreto de tres ellos, aunque al menos son seis los deportados que han conseguido retornar a territorio español.
"Con su arbitrario proceder, las investigadas hicieron absoluta dejación del deber de protección de los menores afectados que la legislación les atribuía en sus respectivas competencias, poniendo en riesgo su integridad física y moral, ocasionando un resultado materialmente injusto, sin que exista justificación para ello, ni siquiera la situación de excepcionalidad", ya que "ni tan siquiera han acreditado que, ante la disponibilidad de Marruecos de recibir a los menores, se arbitraran mecanismos para acelerar los trámites legales", asevera la magistrada.
Además de a las dos procesadas, la jueza ha oído durante la instrucción del caso a la jefa del Área de Menores de Ceuta que alertó en reiteradas ocasiones de que se estaba violando la normativa nacional e internacional, a un inspector de la Policía Nacional, a una abogada del Estado, al secretario general de la Delegación y a dos de los niños devueltos que han logrado volver a Ceuta. Entre las testificales que ha rechazado están las del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska; el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez; y el presidente de la Ciudad, Juan Vivas (PP).
