México y Estados Unidos cuentan con una nueva disputa comercial, esta vez, por la prohibición mexicana de importar maíz modificado genéticamente. El tono del debate subió esta semana tras una visita del secretario de Agricultura estadounidense, Tom Vilsack, a México tras la cual escribió en su cuenta de Twitter que “el tiempo se está acabando” para resolver el asunto.
En respuesta, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, señaló que México no dará marcha atrás en la prohibición de importar maíz transgénico para consumo humano pero estudiará eventuales alternativas para el utilizado para alimentación animal, el llamado maíz amarillo.
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Según un decreto publicado a finales de 2021, la prohibición de importar maíz transgénico para consumo humano entraría en vigor en enero del 2024.
“Se está planteando que también tengamos un plazo para revisar el contenido de ese maíz amarillo, si no es dañino para la salud aun cuando se use como forraje, Como eso lleva tiempo, lo que México ofreció es retrasar dos años la prohibición de poder importar este tipo de maíz de uso animal”, señaló López Obrador.
Sin embargo, el presidente de México insistió en la necesidad de proteger la salud humana y las cepas nativas de maíz mexicano de la contaminación genética.
A México se le considera la cuna de maíz, porque es donde hace nueve mil años una planta herbácea llamada “teosintle” se convirtió en la que hoy conocemos gracias a un lento proceso de selección humana de las semillas.
Pero, a la vez, es el mayor mercado de exportación de maíz estadounidense. México compra tres mil millones de dólares anuales y no produce suficiente maíz forrajero para abastecer a sus productores nacionales de ganado, carne de cerdo y aves de corral. Es por eso que México depende de Estados Unidos por cerca del 40% de su alimentación animal.
Para el consumo humano, depende principalmente del maíz blanco de producción nacional pero el amarillo -que en algunos casos es transgénico- se utiliza en ocasiones en harinas o aperitivos preparados.
Vilsack se reunió el lunes con López Obrador y dijo que este le había expresado su “profunda preocupación” por el tema.
“El decreto de eliminación gradual del presidente tiene el potencial de perturbar significativamente el comercio, perjudicar a los agricultores en ambos lados de la frontera y aumentar significativamente los costos para los consumidores mexicanos. Asimismo, recalcó que los agricultores estadounidenses están legítima y profundamente preocupados por el decreto”, escribió Vilsack.
El funcionario estadounidense enfatizó que “en ausencia de una resolución aceptable del asunto, el gobierno de Estados Unidos se vería forzado a considerar todas las opciones, incluyendo la toma de medidas formales para hacer valer nuestros derechos legales” bajo el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, el T-MEC.
México ya tiene otra disputa comercial y de inversión con Estados Unidos cuando este país pidió activar su sistema de resolución de controversias sobre las políticas energéticas mexicanas que, según Washington, favorecen injustamente a las empresas estatales de electricidad y petróleo en detrimento de los competidores estadounidenses y los proveedores de energía limpia.
Las conversaciones no han conducido hasta ahora a ninguna solución; Estados Unidos podría insistir en la reclamación, y esta podría acabar en sanciones comerciales contra México.
