MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
El trabajo se centra en la idea de la existencia de un conocimiento empírico, no cualificado, de que el reconocimiento de la discapacidad y el acceso a sus posibles beneficios sociales "no es igual" en todas las comunidades autónomas, por lo que los derechos de los menores y adolescentes con cáncer y sus familias "varían".
Por ello el objetivo del estudio, en el que han participado el Instituto de Salud San Carlos III, el Real Patronato de Discapacidad, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) y la Fundación ONCE, ha sido conocer la situación de reconocimiento de la discapacidad en los afectados de cáncer infantil y adolescente, ya sea consecuencia de la enfermedad o de su tratamiento, y de su variabilidad entre las comunidades autónomas.
En este sentido, se ha observado que el 84 por ciento reciben tratamiento en la provincia donde residen, el 16 por ciento son trasladados a otra provincia dentro de su comunidad y el 9 por ciento a otra autonomía. "Cuando el menor es trasladado a otra provincia también es derivado de una asociación a otra, de forma que siguen contando con el apoyo que les dan las organizaciones en el nuevo hospital", han dicho desde la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer.
Ahora bien, los datos aportados por 1.168 familias participantes en el trabajo han evidenciado que, al estar el reconocimiento de la discapacidad regulado por normas de ámbito estatal y depender de la concesión de las comunidades autónomas, los menores y adolescentes con cáncer son valorados en tiempos diferentes. Una desigualdad que, además, se produce entre provincias de una misma comunidad.
En concreto, en todas las regiones, excepto en Andalucía, Galicia, Madrid, País Vasco y La Rioja, hay un 14 por ciento de menores que tienen que esperar entre 7 y 24 meses para tener la resolución de la discapacidad. En la mayoría de las comunidades la concesión de discapacidad se sitúa entre el 33 y el 64 por ciento, alcanzando el 55,6 por ciento de los casos, seguida de un 27,8 por ciento con una valoración de un 65 por ciento o más.
Respecto a este último parámetro, el informe señala que la Comunidad Valenciana es en la que el mayor porcentaje se concentra en la valoración del 65 por ciento o más, mientras que los casos más numerosos con la valoración 'desestimada' aparecen en La Rioja, País Vasco y Aragón.
Por todo ello, desde la organización se ha solicitado el reconocimiento de la discapacidad a través de unos criterios objetivos de valoración que garanticen, como mínimo, un 33 por ciento de la discapacidad desde el diagnóstico, de forma no presencial, con carácter retroactivo desde la solicitud, y con criterio de urgencia para los menores de 18 años, independientemente de la comunidad autónoma de residencia y concesión de la tarjeta de estacionamiento.
