LIMA (AP) — Cuando Pedro Castillo llegó a la presidencia de Perú el año pasado, su victoria fue celebrada como propia por los pobres del país: los campesinos y los indígenas que viven en las profundidades de los Andes y cuyos problemas habían sido ignorados durante mucho tiempo.
Sus partidarios esperaban que Castillo, un populista con raíces humildes, reparara su situación o, al menos, acabase con su invisibilidad.
Pero durante sus 17 meses en el cargo antes de ser destituido y detenido el miércoles, sus seguidores vieron cómo enfrentaba el mismo racismo y discriminación que suelen experimentar ellos. Castillo fue objeto de burlas por utilizar un sombrero y un poncho tradicionales, ridiculizado por su acento y criticado por incorporar ceremonias indígenas a los actos oficiales.
En las protestas contra el gobierno de Castillo aparecía un burro, símbolo de ignorancia en Latinoamérica, con un sombrero similar al suyo. Los ataques fueron interminables, hasta el punto de que observadores de la Organización de Estados Americanos los documentaron durante una misión reciente al país, profundamente desigual y dividido.
Castillo dilapidó la popularidad que tenía entre los pobres, además de cualquier oportunidad que tuviera de cumplir sus promesas de mejorar sus vidas, cuando sorprendió a la nación al ordenar la disolución del Congreso el miércoles, a lo que siguió su destitución y detención acusado de rebelión. Su acto de suicidio político, que recordó a algunos de los momentos más oscuros del pasado antidemocrático de la nación, se produjo horas antes de que la cámara iniciase su tercer intento de enjuiciarlo políticamente.
Ahora, con Castillo detenido y el país dirigido por su ex vicepresidenta, Dina Boluarte, está por ver si ella sufrirá la misma discriminación.
Boluarte, una abogada que trabajó en la agencia estatal que gestiona los documentos de identidad antes de asumir la vicepresidencia, tampoco forma parte de la élite política peruana. Se crió en una localidad pobre de los Andes, habla una de las lenguas indígenas, quechua, y, de izquierdas como Castillo, prometió “luchar por los nadies".
En un reporte publicado la semana pasada, la Organización de Estados Americanos destacó que en Perú “existen sectores que promueven el racismo y la discriminación, y no aceptan que una persona ajena a los círculos políticos tradicionales ocupe la silla presidencial”.
“Esto se ha traducido en improperios e insultos hacia la imagen del presidente”, apuntó el informe.
Tras asumir su nuevo cargo el miércoles, Boluarte pidió una tregua a los legisladores que depusieron a Castillo alegando “incapacidad moral permanente”.
Perú ha tenido seis presidentes en los últimos seis años. En 2020, el puesto cambió de dueño tres veces en una misma semana.
Castillo, un maestro de escuela rural, nunca había ostentado un cargo público hasta su ajustada victoria en el balotaje de junio de 2021 tras una campaña que incluyó la promesa de nacionalizar la industria minera, clave para el país, y reescribir la constitución, lo que le valió un amplio respaldo del campo empobrecido.
Perú es el segundo exportador de cobre del mundo y la minería es casi el 10% de su Producto Interno Bruto y el 60% de sus exportaciones. Pero su economía se vio sacudida por la pandemia del coronavirus, que aumentó la pobreza y eliminó los avances de la última década.
Castillo derrotó por apenas 44.000 votos a uno de los nombres más conocidos de la clase política del país: Keiko Fujimori, hija del exmandatario Alberto Fujimori, quien cumple una pena de 25 años de cárcel por el asesinato de ciudadanos a manos de un escuadrón militar clandestino durante su gobierno.
Los partidarios de Keiko Fujimori han calificado a menudo a Castillo de “terruco”, o terrorista, un término empleado por la derecha contra la izquierda, los pobres y los habitantes de las zonas rurales.
Una vez en la presidencia, Castillo realizó más de 70 cambios en su gobierno, varios de ellos tras acusaciones de irregularidades y enfrentó dos votaciones de juicio político y a múltiples investigaciones penales por acusaciones que van desde tráfico de influencias a plagio.
Omar Coronel, profesor de sociología en la Pontificia Universidad Católica de Perú, dijo que aunque las acusaciones de corrupción y las críticas a la falta de experiencia del mandatario tendría fundamento, estaban teñidas de racismo, “una constate en cualquier ecuación peruana”.
“Uno puede criticar su inexperiencia política, su torpeza, sus delitos”, dijo Coronel. Pero la forma como se presentó la situación, señalando que Castillo era de una comunidad rural con costumbres diferentes, “es un discurso profundamente racista y tremendamente hipócrita” porque los presidentes de derechas también han enfrentado acusaciones de corrupción".
“Las redes se han inundado de un racismo visceral durante estos 17 meses”, dijo Coronel.
Desde su arresto, algunos de los partidarios que le quedan a Castillo han protestado y bloqueado vialidades en el país. También se han reunido afuera del centro de detención en donde él y Alberto Fujimori están detenidos.
“Lo han llamado de todo, palabras discriminatorios”, dijo el partidario de Castillo, Fernando Picatoste, el viernes afuera de la prisión. “Es un tema racial ley. En el Congreso, señores congresistas, que supuestamente tienen representación nacional, tienen la bajeza de insultar al presidente”.
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El periodista de The Associated Press Franklin Briceño contribuyó a este despacho.
