Al presidente Andrés Manuel López Obrador le encantan los grandes proyectos y odia dejarlos inconclusos, pero eso es probablemente lo que hará cuando deje el puesto a fines de 2024.
Uno de ellos —el llamado Tren Maya en la península de Yucatán— tendrá que ser elevado sobre pilotes a lo largo de 80 kilómetros para que se desplace por encima de una de las geografías más frágiles y ecológicamente delicadas del mundo.
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Mientras tanto, la refinería de Dos Bocas —y una serie de parques industriales programados— carecen de suministro de gas natural. Y un proyecto gubernamental de internet para todos ha gastado cientos de millones de dólares sin siquiera equiparar la cobertura proporcionada por los servicios privados.
López Obrador ya completó uno de sus principales proyectos, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, cerca de la Ciudad de México.
Pero debido a que se le puso en operación apresuradamente —más de un año antes de que sean concluidas vías de acceso férreas y para automóviles— se usa poco. Él canceló el proyecto Aeropuerto de Texcoco que su predecesor Enrique Peña Nieto no logró concluir, de allí la prisa.
López Obrador reconoce que el gobierno es difícil de manejar, y con frecuencia lo llama un “elefante reumático” que debe ser empujado para que se mueva. También culpa de las demoras a la que dice es una amplia conspiración por parte de los conservadores, empresarios y organizaciones no gubernamentales financiadas por Estados Unidos.
El mandatario se quejó de que “pseudoambientalistas” vienen de la Ciudad de México y otras partes del país, financiados por Estados Unidos, e interponen amparos contra el gobierno.
Pocos están en desacuerdo con su deseo de llevar empleos, desarrollo, servicios bancarios, internet y servicios médicos de calidad a los pobres de México y a zonas remotas del país.
Pero sus grandes planes se han visto obstaculizados, en gran parte por sus propias creencias en algunas reglas centrales:
Internet para todos
López Obrador se ha apoyado casi exclusivamente en compañías propiedad del Estado del tipo de las que dominaron la economía de México en la década de 1970, la mayoría de las cuales fueron vendidas por sus predecesores.
Él ha creado algunas recientemente, como la minera gubernamental a la que le dio el monopolio sobre los depósitos de litio con la esperanza de aprovechar el auge de vehículos eléctricos en Estados Unidos, pregonando que el país posee grandes reservas de ese metal blando crucial para fabricar baterías. Pero la compañía carece de experiencia en la producción y refinación del litio y aún no produce nada.
El presidente también desea reactivar algunas compañías del Estado, como un pequeño banco propiedad del gobierno del que visualiza la construcción de miles de sucursales, y de Mexicana, la difunta aerolínea estatal. En otros países, los gobiernos están alejándose de esas compañías nacionalizadas enfocadas en el consumidor.
El programa “internet para todos” de López Obrador tal vez sea menos controversial. Aunque las compañías de telecomunicaciones privadas y extranjeras en México ya ofrecen cobertura en aproximadamente el 85% del territorio mexicano, los habitantes más pobres del país viven en comunidades tan pequeñas o alejadas que no es rentable prestarles servicios.
López Obrador le encargó esa tarea a la Comisión Federal de Electricidad, que carece de experiencia en ese campo, y a una pequeña firma de telecomunicaciones limitada de recursos que el gobierno rescató y de la que asumió el control.
Gerardo Flores Ramírez, del centro de investigaciones mexicano Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, hace notar que, a pesar de haber gastado casi 900 millones de dólares de 2020 a 2023, el sistema gubernamental tiene cobertura en solo aproximadamente el 70% del país, y ni siquiera alcanzará metas modestas y reducidas de 92% hasta 2028. Para Flores Ramírez, el gobierno no va a cumplir sus objetivos.
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Licitaciones en territorio mexicano
López Obrador intenta persuadir a las compañías privadas a que le ayuden con su meta de llevar empleos al sur, más hacia el interior de México y lejos de la frontera con Estados Unidos, y a que empiecen a utilizar infraestructura gubernamental que en realidad no es útil para lo que ellas necesitan. A veces intenta persuadirlas y a veces las amenaza.
Poco después de iniciar su periodo de gobierno, obligó a las compañías de gas natural a renegociar los contratos de suministro que él consideraba eran demasiado lucrativos.
Y modificó las normas para las plantas de generación eléctrica a base de gas o de energías renovables de propiedad extranjera, con el fin de favorecer a instalaciones de generación de electricidad de propiedad gubernamental, más contaminantes.
Sin embargo, ha evitado expropiar nada, incluso cosas que realmente desea, como una cantera de piedra caliza propiedad de Vulcan Materials, una empresa con sede en Alabama, cerca de la ciudad turística de Playa del Carmen en el litoral del Caribe.
El presidente desea convertir los estanques de agua cristalina de la cantera en una atracción turística —a pesar de que están llenos de cocodrilos, por lo que ha tratado de obligar a la compañía, hasta ahora infructuosamente, a que se los venda, obligándola a cerrar y alentando a los mexicanos a presentar quejas contra la firma.
De igual manera, ha pasado apuros para hacer que las aerolíneas utilicen su nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, a pesar de limitar los vuelos en el antiguo, ubicado dentro de la capital.
López Obrador también intenta desesperadamente atraer clientes para el corredor férreo y vial en el Istmo de Tehuantepec, con el cual se pretende conectar el Océano Pacífico con el Golfo de México.
Espera construir unos 10 parques industriales a lo largo de ese corredor, con el fin de atraer a plantas de manufactura extranjeras que se encuentran en la frontera con Estados Unidos.
Ha amenazado con no conceder ningún permiso adicional para industrias que utilizan mucha agua en la frontera, donde la mayor parte de las firmas se han instalado por razones de logística y proximidad.
López Obrador prácticamente le ha dado un ultimátum a una firma estadounidense para que construya una terminal de gas natural licuado en México.
Pero sería necesario construir los gasoductos para alimentar a una planta así. Las compañías privadas no se han mostrado interesadas, y en lugar de ello han anunciado planes para construir puertos de gas natural licuado en el Golfo de México, pero en su parte estadounidense.
“La capacidad del gobierno para impulsar proyectos ha sido débil y mal enfocada, como ocurre en el caso de incrementar el suministro de gas natural”, dijo Adrian Duhalt, investigador del Centro de Política Energética Global, de la Universidad de Columbia.
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Ambientalistas vs. megaobra
López Obrador inició su gobierno con un gran sueño: el Tren Maya de mil 500 kilómetros, una vía férrea turística que recorra un circuito en la península de Yucatán, uniendo a localidades turísticas de playa con sitios arqueológicos.
En la franja ubicada entre la ciudad turística de Cancún y Tulum, se planeó en un principio que el tren se desplazara sobre vías elevadas encima de la carretera costera, donde se ubican la mayor parte de los hoteles. Pero los propietarios de estos se quejaron de los efectos de la construcción, el cierre de caminos, y los impactos en la tierra a ambos lados de la carretera.
Ante ello, López Obrador decidió modificar el trayecto —sin un estudio ambiental que lo avalara— para talar una franja de 110 kilómetros (68 millas) de longitud a través de la selva entre Cancún y Tulum.
Los ambientalistas combatieron la tala de árboles, e hicieron notar que la vía férrea pasaría encima y probablemente provocaría hundimientos en la extensa red de cuevas subterráneas y cenotes del área, donde se han hallado algunos de los restos humanos más antiguos de Norteamérica.
López Obrador modificó el proyecto otra vez. Ahora dice que 80 kilómetros de la doble vía férrea serán construidos sobre una plataforma elevada a 2.30 metros por encima del suelo de la selva, sostenidos por miles de pilotes de concreto que presuntamente no afectarán las cuevas subterráneas.
China construyó un tren más largo sobre terreno similar, y le llevó siete años. López Obrador le ha dado a los ingenieros del Ejército un año para que hagan el trabajo en México.
Pocos creen que pueda hacerse en esa cantidad de tiempo, si es que puede hacerse.
José “Pepe” Urbina, un buzo que ha explorado las cavernas durante décadas, considera que el proyecto es una farsa, va a quedar inconcluso y costará mucho más de lo presupuestado, lo cual recaerá sobre los contribuyentes. Y dice que la próxima generación tendrá que reparar lo que está siendo dañado.
