SANTIAGO (AP) — Los partidos políticos chilenos, de izquierda a derecha, sellaron el lunes un acuerdo que permitirá a Chile iniciar un nuevo proceso institucional para buscar, por segunda vez, reemplazar la constitución impuesta por una dictadura militar hace cuatro décadas.
El acuerdo fue anunciado en el exCongreso en la capital chilena, que tiene la carga simbólica de ser el mismo lugar donde todo el arco político --excepto el autoexcluido Partido Comunista-- firmó el 15 de noviembre de 2019 un pacto que inició el primer proceso constitucional y que finalizó el 4 de septiembre último con el rechazo del 62% del electorado.
Los 14 partidos que firmaron el acuerdo, tardaron poco más de tres meses en alcanzar un nuevo acuerdo: una comisión de 24 expertos designada por el Congreso preparará un anteproyecto constitucional, que será la base para que 50 personas electas democráticamente elaboren la nueva carta magna.
El Consejo Constitucional de 50 miembros será paritario y a él se sumarán representantes indígenas cuyo número se determinará según los votos que reciban en un plebiscito de abril de 2023, cuando se elegirán a los miembros del Consejo. Los consejeros tendrán cinco meses para redactar otro proyecto de constitución, que hacia fines de 2023 deberá ser aprobado o rechazado en un plebiscito de participación obligatoria.
Al Consejo se sumarán representantes indígenas, cuyo número se determinará según los votos que reciban. Los convencionales deberán redactar otro proyecto de constitución que será sometido a la aprobación de los chilenos en un plebiscito de participación obligatoria la última semana de noviembre o a primera de diciembre de 2023.
En la elaboración del acuerdo participaron casi todos los partidos que, a sólo cuatro días del fracaso del primer proceso, decidieron empezar las tratativas para intentar, por segunda vez, reemplazar la constitución militar de hace 40 años.
Desde el inicio, quedó al margen el conservador Partido Republicano, que no quiere reemplazar la carta magna vigente desde la dictadura militar. En la jornada de acuerdos del lunes, se apartó de la firma el populista Partido de la Gente porque quería que los expertos también fueran electos, señaló a la televisión el diputado Rubén Oyarzo.
El último escollo antes del acuerdo giró en torno a cuántas personas escribirían la nueva carta magna y cómo elegirlas. El oficialismo izquierdista insistió en que el ente redactor debía ser 100% electo, mientras la oposición derechista buscaba un órgano mixto, mitad de electos y mitad designados. Ambos bloques cedieron.
Los expertos designados y los convencionales que sean electos deberán trabajar sobre una docena de principios constitucionales previamente delimitados por los partidos políticos, entre ellos, el de que Chile es un Estado unitario, con separación de los tres poderes -ejecutivo, judicial y legislativo-, el reconocimiento constitucional de sus 11 pueblos indígenas como parte de la nación chilena y el reconocimiento de derechos y libertades fundamentales, entre ellos, el derecho a la vida.
Los partidos también acordaron que un “árbitro” velará por la neutralidad y respeto de las 12 bases constitucionales, que será un comité técnico de 14 juristas designados paritariamente por el Congreso.
El acuerdo ahora deberá ser aprobado con los votos de los 4/7 del congreso -29 senadores y 89 diputados- , para posibilitar que los chilenos vuelvan a las urnas para pronunciarse sobre una segunda constitución que, de ser aprobada, reemplazará a la de los militares.
El primer proceso constituyente surgió tras un estallido social en octubre de 2019 que derivó en un plebiscito un año después en el que el 78% del electorado dijo que quería una nueva carta magna -escrita por una convención electa 100%- y que finalmente cosechó el rechazo en las urnas.
