Leonel Cota Montaño, director de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo en el que se detectaron irregularidades por varios millones de pesos, afirmó ante diputados federales que antes de que acabe este año habrá sanciones en contra de varias personas involucradas en el desvió de los recursos.
En una larga comparencia ante los legisladores de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación, calificó como “tremendos” a los primeros días en que llegó a ese cargo para suplir a Ignacio Ovalle Fernández, quien renunció tras detectarse el desvió de recursos entre 2019 y abril de este año.
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Aunque no respondió a las preguntas de los legisladores de la oposición sobre la probable responsabilidad de Ovalle, afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) entregará resultados de esta investigación antes de concluir 2022.
“No hay carpetazo, se judaizaron algunas denuncias; sin embargo, el juez correspondiente no ha decidido la detención de los involucrados, que no pueden salir de la ciudad. Nuestro llamado a los jueces e instancias de procuración de justicia para que se aplique la ley sin ninguna consideración”, informó La Jornada.
El desvió detectado, por nueve mil 500 millones de pesos, se dio en al compra de maíz y frijol, aunque Cota afirmó que tras visitar los almacenes de Diconsa –filial de Segalmex- ubicó 100 mil toneladas de ambos productos.
Por lo que consideró se podrán resolver parte de las observaciones, pues lo que imperaba en Sagalmex era el desorden y las irresponsabilidades, pero en los casos que sea necesario debe aplicarse la ley.
Añadió que las irregularidades se deben a la falta de documentación que compruebe la compra y venta del maíz y frijol, pero a la fecha se atendieron observaciones equivalentes a cuatro mil 475 millones de pesos en Segalmex, Diconsa y Liconsa.
Cota Montaño destacó que empresas depositaron a cuentas privadas una “cuota” que varios servidores públicos les impusieron para conseguir compras consolidadas, mecanismo que fue desarticulado y los pagos deben hacer a las cuentas de la institución.
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Entre las irregularidades en la administración de Ovalle, exfuncionarios destinaron 100 millones de Segalmex y 800 millones de Liconsa, para invertir en certificados bursátiles fiduciarios en la Bolsa Mexicana de Valores, cantidad que ta fue recuperada en su totalidad.
Además de que las empresas involucradas devolvieron unos 300 millones de pesos y se espera que aun pueda recuperarse más.
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