MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
Según ha informado la institución que lidera Ángel Gabilondo, se habían recibido numerosas quejas indicando que la Tesorería General de la Seguridad Social revisa de oficio los expedientes de los solicitantes de asilo y si a estos se les niega, en primera instancia, la petición se les da de baja automática de la Seguridad Social aunque hayan recurrido su denegación de asilo y estén pendientes de una resolución firme.
Según ha explicado, esta situación se ha venido produciendo a consecuencia del retraso, de casi seis años, de la transposición al ordenamiento jurídico español de la directiva europea del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional.
IMPACTO TAMBIÉN EN LA SANIDAD
Finalmente, y tras la intervención del Defensor del Pueblo, el Ministerio de Inclusión ha facilitado que las familias afectadas por esta situación, miles según el Defensor, puedan continuar residiendo, trabajando y cotizando a la Seguridad Social, a la espera de las resoluciones definitivas. La institución ha destacado, además, que esta decisión tendrá también impacto en la atención sanitaria que estas personas tienen derecho a recibir.
El Defensor ha explicado que Inclusión ya está revisando las anulaciones, salvo que se tenga conocimiento de la firmeza de la resolución denegatoria y está estimando los recursos de alzada interpuestos contra anulaciones de altas de trabajadores a los que se les denegó el asilo en su día. Del mismo modo, se están volviendo a estudiar aquellos recursos que estén pendientes de resolución en la vía contencioso-administrativa, según ha apuntado.
