Tras la crisis política y social que ha vivido Perú desde el inicio del último mes de 2022, la Embajada de México informó a través de una nota diplomática al Ministerio de Relaciones Exteriores que le concede asilo político a Lilia Ulcida Paredes Navarro, quien es esposa del expresidente Pedro Castillo, y a sus dos menores hijos, conforme a la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, de la que ambos estados son partes.
La Cancillería peruana apuntó que a pesar de la protección diplomática, la investigación en contra de Paredes Navarro seguirá su curso “como coautora del delito de organización criminal, previsto y sancionado por el artículo 317 del Código Penal del Perú, según consta en la disposición del fiscal provincial del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, de 19 de agosto del presente”.
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El Gobierno del Perú resaltó que no existe persecución política en el país, ya que es un país en el que “impera el Estado de derecho, la separación de poderes y el respeto a las garantías de la administración de justicia, incluyendo el debido proceso”.
La investigación preparatoria que el gobierno peruano dicta contra la esposa del presidente destituido es por un delito común. Asimismo, las autoridades apuntaron que “el otorgamiento de los salvoconductos se realiza con reserva del derecho que asiste al Estado peruano de solicitar la eventual extradición de la señora Paredes Navarro de conformidad con el Tratado de Extradición entre la República del Perú y los Estados Unidos Mexicanos de 2021, en caso de que las autoridades judiciales así lo requieran”.
El artículo XII de la convención que permite que Paredes Navarro y sus hijos sean protegidos por el gobierno mexicano cita que “… el Estado territorial está obligado a dar inmediatamente, salvo casos de fuerza mayor, las garantías necesarias a que se refiere el Artículo V y el correspondiente salvoconducto”.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Cancillería ha procedido a otorgar los salvoconductos a las mencionadas personas, con el fin de atender sus obligaciones internacionales.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, apuntó que su acto es con apego a la legalidad y el pleno respeto a las obligaciones internacionales contraídas por el Estado.
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El Gobierno del Perú explicó que “defenderá con la mayor firmeza el derecho que asiste al Estado, a través de los poderes correspondientes, de combatir la corrupción y de asegurar que los responsables sean juzgados con las garantías del debido proceso para evitar la impunidad”.
Pedro Castillo fue destituido desde el Congreso, por lo que llegó Dina Boluarte a ocupar la silla presidencial, convirtiéndose en la primera mandataria sudamericana, entre la tensión social que ha provocado la muerte de peruanos durante las protestas en Ayacucho.
