MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
La futura Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible por la que se prevé destinar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB) a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en el horizonte 2030 ha recibido este miércoles el respaldo mayoritario del Senado, incluido el PP.
Los 'populares' se habían abstenido en la votación en el Congreso y no habían querido desvelar el sentido de su voto antes del debate en el Pleno de la Cámara Alta pero finalmente se han decantado por el sí. También ha modificado su postura Junts, que finalmente votará a favor tras los cambios introducidos al texto durante su trámite en el Senado.
Como ya ocurriera en el Congreso, el único partido que ha votado en contra ha sido Vox, que ha visto como su enmienda a la totalidad contra la nueva ley, que considera "ideologizada" y "carente de contenido" además de poner en tela de juicio la soberanía nacional, era rechazada por el Pleno.
Así, la nueva ley, que deberá volver ahora al Congreso para su ratificación debido a que se han introducido cambios en su tramitación en el Senado, ha recibido 260 votos a favor y solo dos en contra. En la Cámara Baja, recibió 201 votos a favor --los de PSOE, Podemos y sus socios de legislatura--, 52 en contra --los de Vox además de Pablo Cambronero-- y 92 abstenciones. Además del PP, también se abstuvieron Junts y tres diputados del Grupo Mixto.
ALBARES AGRADECE EL RESPALDO
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha agradecido el respaldo mayoritario de los grupos parlamentarios, incidiendo en que el Gobierno ha tendido la mano "desde el primer minuto" para sacar adelante una norma que es "una ley de todos", no del Ejecutivo, y que era reclamada por el sector de la cooperación desde hace tiempo.
"La cooperacion es una política de Estado" y por eso el Gobierno tenía claro que "esta era una ley de Estado y había que hacer el esfuerzo de sumar a todos", ha insistido, felicitándose particulamente al PP que haya "reconsiderado su posición" respecto al Congreso.
Aunque el PP ha dado su respaldo a la ley, su portavoz, Alberto Fabra, no ha dudado en criticar al Gobierno por el modo en que se ha tramitado el texto, comparando con cómo lo hizo su partido cuando se aprobó la actual Ley de Cooperación Internacional de 1998.
Fabra ha asegurado que el PP considera la cooperación al desarrollo una "política de Estado" y por ello cuando se tramitó la anterior ley "supo escuchar al sector, los distintos actores, y negociar la ley con el PSOE y el resto de grupos".
EL PP APOYA PERO CRITICA AL PSOE
Ahora, ha afirmado el portavoz 'popular', el PSOE "también ha escuchado al sector, a los distintos actores, negociado con otros grupos parlamentarios y al final con el PP". "El orden de los factores sí que es muy importante, porque hacerlo así les hace asumir planteamientos de difícil justificación", ha lamentado.
"La diferencia del PSOE de entonces y el de ahora" es que en 1998 "tenía sentido de Estado y el PSOE que tenemos es el partido sanchista obediente español, sentado en el Estado y no con sentido de Estado, por eso es complicado llegar a acuerdo, no le importa hacer lo contrario a lo que se comprometieron hacer en el Gobierno", ha afeado, adelantando que pese a todo el PP votaría a favor.
Albares ha salido al paso de este "momento de debilidad y desliz", reivindicando que esta "no es la ley del Gobierno sanchista es la ley del Gobierno de España presidido por el presidente Sánchez" y esgrimiendo que por ello "hasta el último momento se ha hecho el esfuerzo de sumar" a todos los grupos parlamentarios.
Con todo, tanto el ministro como los dos portavoces del PSOE que han intervenido en el debate han tenio palabras de elogio para el papel desempeñado por Fabra al haber conseguido que el PP pase de la abstención al voto favorable en el contexto actual.
Así, María Montserrat Muro se ha referido a la "situación incómoda" para el senador para convencer a su grupo cuando el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "ha decidido negarle el pan y la sal al presidente Sánchez en todo lo que presente".
ENMIENDAS APROBADAS
El dictamen de la ponencia ya había sido aprobado por la Comisión de Cooperación Internacional la semana pasada, tras incluir en él algunas enmiendas planteadas por PSOE y PP y que en general se limitaban a incluir en la redacción la mención al Senado y a su papel.
Por este motivo, todos los grupos parlamentarios habían mantenido vivas el grueso de las 86 enmiendas que se habían presentado a la futura ley en la Cámara Alta. Finalmente, el Pleno ha avalado seis enmiendas transaccionales pactadas entre los distintos grupos, así como algunas del PP que mejoraban la redacción.
Así, sobre la base de lo planteado por Más Madrid, ERC, Junts y Compromís, se ha acordado que en la planificación indicativa plurianual de los Planes Directores se incluirán "objetivos presupuestarios mínimos sobre el total de la Ayuda Oficial al Desarrollo relativos a las actividades de educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global en el marco de los Presupuestos Generales del Estado", si bien no se fija el mínimo del 3% que habían reclamado estos partidos.
Por otra parte, se ha aprobado incluir una sexta vicepresidencia en el Consejo Superior de Cooperación para el Desarrollo que presidirá el ministro de Exteriores y que estará ocupada "por una persona designada por los actores sociales de forma rotativa".
Los senadores también han introducido un nuevo párrafo en la disposición por la que se modifica la Ley General de Subvenciones para puntualizar que "en el marco de la realización de programas y proyectos de cooperación internacional financiados mediante consignaciones presupuestarias anuales consecuencia de ingresos externos de carácter finalista, los órganos de la Administración General de Estado y sus organismos públicos dependientes competentes (...) podrán otorgar subvenciones en régimen de concesión directa (...) siempre que las mismas estén vinculadas al objeto del proyecto o programa".
CLAVES DE LA FUTURA LEY
La principal novedad de la nueva norma es que se estipula que España destinará "al menos" el 0,7% de la RNB a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) "en el horizonte del año 2030". El Gobierno se ha marcado como objetivo alcanzar el 0,5% para el final de la actual legislatura y la previsión en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) es que en 2023 se alcance el 0,34%.
Asimismo, prevé que se destine el 10% de la AOD a acción humanitaria, laa sustitución del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) por un nuevo Fondo Español para el Desarrollo Sostenible (FEDES) y la elaboración de un nuevo Estatuto del Cooperante. Estas dos últimas cuestiones, al igual que la prevista reforma de la AECID, tendrán que realizarse a posteriori.
Por otra parte, en cuanto al papel de la llamada cooperación descentralizada se la identifica como la que "se realiza desde las comunidades autónomas en el marco de sus competencias y la que desarrollan los entes locales y forales (ayuntamientos, diputaciones provinciales y forales, cabildos y consejos insulares)".
Asimismo, se sostiene que "es una de las señas de identidad y fortalezas" de la Cooperación Española y "supone una importante contribución a un sistema de cooperación más democrático y a la buena gobernanza desde la complementariedad y la corresponsabilidad". Dicha cooperación, se desarrollará según sus respectivos Estatutos de autonomía y leyes autonómicas como las líneas generales establecidas por sus asambleas legislativas o parlamentos".
