MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
El dictamen supone un golpe para el sistema que el Ministerio del Interior estableció en 2018 y que fijaba dos fases para que los ciudadanos europeos que ya estaban residiendo en Reino Unido no notasen los efectos de la salida del país de la UE.
Así, Londres acordó conceder el estatus de "asentado" a quienes demostrasen más de cinco años de residencia y otro de "preasentado" a quienes no alcanzasen este tiempo, con la condición de que pasado un lustro reclamasen un permiso definitivo.
Actualmente, al menos 2,7 millones de personas forman parte de este segundo grupo y, según la BBC, para unas 200.000 que formaron parte del primer programa piloto el plazo vence en agosto de 2023. Si no llevan a cabo una nueva petición, o si el Gobierno les deniega el visto bueno definitivo, pierden sus derechos legales.
La Autoridad Independiente de Vigilancia (IMA, por sus siglas en inglés), creada para supervisar el respeto de los derechos de los ciudadanos de la UE tras el Brexit, recurrió judicialmente estos requisitos y el Tribunal Superior ha terminado por darle la razón.
Los demandantes alegaban que Reino Unido incumple las promesas realizadas a la UE y advertía de que cientos de miles de personas podían quedarse de la noche a la mañana en situación irregular, sin posibilidas de trabajar, de estudiar o de acudir al médico.
El juez Peter Lane ha advertido de consecuencia "extremadamente graves" si no se remedia el actual marco, si bien desde el Ministerio del Interior han alegado que el Gobierno se toma "muy en serio" los derechos de los "amigos y vecinos" europeos.
De hecho, considera que el sistema establecido por el Gobierno trasciende las "obligaciones" adquirida en el Acuerdo de Retirada, por lo que tiene previsto recurrir la sentencia.
