En los últimos seis años cerca de 25 mil 390 desplazados guerrerenses han tenido que abandonar sus hogares por la violencia que se vive en sus comunidades, ejercida históricamente por caciques, a causa del extractivismo de compañías mineras y, en las últimas décadas, por el asentamiento de grupos criminales en regiones como Tierra Caliente y La Montaña de Guerrero.
Solo en 2022, recuentos del gobierno del estado y de medios locales señalan que la cifra de desplazados por la violencia, particularmente en Tierra Caliente, asciende a 2 mil 500 personas. Por otra parte, cifras recabadas por organizaciones como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, entre 2016 y 2021 fueron desplazados 22 mil 890 guerrerenses.
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En agosto pasado, en el marco del primer año de administración de Evelyn Salgado Pineda, el gobierno de Guerrero reportó haber atendido 479 familias víctimas de desplazamiento forzado interno (mil 723 personas) de los municipios de Coyuca de Catalán, Zitlala, Chilapa de Álvarez, Apaxtla de Castrejón, San Miguel Totolapan, Leonardo Bravo, Zirándaro de los Chávez, Chilpancingo, Atoyac de Álvarez y José Joaquín de Herrera.
No obstante, los episodios de desplazamiento forzado continuaron manifestándose a raíz de distintos hechos violentos entre los que figuran las dos masacres que dejaron un saldo de 27 personas muertas atribuidas a presuntos integrantes de La Familia Michoacana y los Tequileros, ocurridas en los municipios de San Miguel Totolapan y en la comunidad de El Durazno en Coyuca de Catalán.
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A inicios de diciembre desplazados de Guerrero y Michoacán se manifestaron a las afueras del Consulado de Estados Unidos en Tijuana, Baja California, por la violencia y despojos que han sufrido por parte de grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Familia Michoacana.
El pasado 26 de diciembre cerca de 200 personas de comunidades de los municipios de Cuetzalan del Progreso y Apaxtla de Castrejón, protestaron en las entradas de Teloloapan para pedir la intervención de Salgado Pineda ante la violencia que viven a raíz de los enfrentamientos entre Los Tlacos y la Policía Comunitaria Tecampanera desde el mes de noviembre.
Luego de que el 10 de diciembre un comando armado masacró a 7 personas en El Durazno, familias enteras abandonaron la comunidad de Coyuca de Catalán por temor a la violencia. Días más tarde la gobernadora anunció un plan especial de atención para apoyar a los afectados por la incursión de presuntos miembros de La Familia Michoacana; sin embargo, la visita sigue sin concretarse.
