Desde la aprehensión de ‘El Ratón’, Ovidio Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’ Guzmán Loera, quien fue capturado en un operativo de inteligencia federal el pasado 5 de enero a las 6:20 hora en Culiacán, Sinaloa, se desató una ola de violencia en varios puntos de la entidad.
Ante esto, organizaciones civiles como el colectivo #SeguridadSinGuerra y Amnistía Internacional condenaron los hechos violentos que viven las comunidades en gran parte del país por la presencia del crimen organizado y el descontrol del gobierno estatal y federal para contener a dichas organizaciones delincuenciales.
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Publimetro conversó con la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Edith Olivares Ferreto, quien resaltó que “las autoridades a nivel federal, estatal y municipal, las que tienen la obligación de garantizar la seguridad, la integridad y la vida de todas las personas que vivimos y transitamos por el territorio mexicano”.
“La principal responsabilidad del Gobierno de México es garantizar la seguridad de la población civil”, asegura Olivares Ferreto, quien señaló que “algunas (garantías) prácticamente están suspendidas, incluyendo la libertad de tránsito, manteniendo a las personas aterrorizadas bajo la amenaza del crimen organizado”.
Amnistía Internacional México exige en su comunicado a las autoridades mexicanas tres medidas ante el aumento de la violencia en Sinaloa: la implementación de las siguientes medidas de seguridad con el fin de garantizar la vida, la seguridad y la integridad de la población en Sinaloa; políticas integrales que conduzcan a la disminución y contención del delito y la prevención social y de la reincidencia delictiva; y presentar un plan a corto, mediano y largo plazo de desmilitarización del país.
“Culiacán es un ejemplo claro de un lugar que continúa siendo igual o más inseguro de lo que era hace 16 años; por lo tanto, para poder garantizar la seguridad pública es importante que el gobierno mexicano presente su estrategia de libre de desmilitarización y de retiró la Fuerza Armada. La razón que han dado estos tres presidentes (Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador) para tener algo militares en las calles es que no tenemos una corporaciones civiles, digamos con condiciones con preparación con equipamiento que nos permitan seguridad.
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Amnistía Internacional menciona que en el artículo 129 constitucional se estipula que “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”; por lo que la organización exige que se aplique y se brinde mayor protección, control legislativo, judicial y supervisión de las acciones de las fuerzas armadas.
“Estamos exigiendo un plan de retiro progresivo que permita que el corto mediano y largo plazo podamos ir retornando a los militares a los cuarteles que es donde deben estar las fuerzas armadas”, finalizó Olivares Ferreto.
