MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha afirmado este jueves que el auto del juez Pablo Llarena en el que elimina el delito de sedición del procesamiento contra el expresidente catalán Carles Puigdemont, pero mantiene el de malversación e incluye el de desobediencia, apoya la tesis del Gobierno de que los hechos del proceso independentista en Cataluña continúan teniendo una condena y los responsables deben responder ante la justicia.
En declaraciones a los medios en Ciempozuelos (Madrid) Rodríguez ha afirmado que se ha puesto en evidencia lo que el Gobierno viene diciendo desde que se inició esta reforma del Código Penal que elimina el delito de sedición y reforma la malversación y por el que se verán beneficiados los líderes independentistas catalanes condenados.
"Lo que se concluye con esta decisión que hemos conocido, es que esos hechos continúan teniendo una condena y que han de responder ante la justicia española", ha manifestado.
HERRAMIENTAS SUFICIENTES
La portavoz ha hechos estas declaraciones después de que Llarena --en un auto conocido este jueves-- eliminara el delito de sedición del procesamiento contra Puigdemont. Mantiene sin embargo el de malversación --que establece penas de 4 a 12 años de prisión y de 10 a 20 de inhabilitación-- e incluye el de desobediencia --que no contempla cárcel--, al tiempo que ha dejado sin efecto la euroorden dictada contra el líder independentista.
El magistrado del Tribunal Supremo ha tenido que revisar el caso de Puigdemont y el de otros procesados huidos del 'procés' --los exconsejeros Toni Comín, Lluis Puig y Clara Ponsatí y la secretaria general de ERC Marta Rovira-- a raíz de la reforma del Código Penal, que ha entrado en vigor este jueves.
Llarena ha sido crítico con esta reforma y ha alertado de que se avanza hacia la despenalización de los hechos sucedidos el 1-O en Cataluña. Al ser preguntada a este respecto, Rodríguez ha indicado que, a su juicio, existen herramientas suficientes con esta reforma y que el Ejecutivo tiene claro que los responsables tienen que pasar por la Justicia.
MEJORES RELACIONES CON CATALUÑA
Al ser preguntada por qué herramientas utilizaría el Gobierno si vuelven a ocurrir hechos similares a los del año 2017, ha asegurado que el ordenamiento jurídico tiene "elementos suficientes" para evitar que sucedan esos hechos y que están recogidos tanto en la Constitución como en el Código Penal.
La portavoz del Gobierno también se ha pronunciado sobre las relaciones con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, reivindicando que con los "avances" de los últimos años se han reconducido estas "relaciones institucionales" entre el Gobierno central y el catalán.
Prueba de ello es, según ha dicho, la presencia de Aragonés en la cumbre hispano francesa que se celebrará la próxima semana en Barcelona, algo de lo que "no se hubiera podido hablar" si se hubiera estado en el anterior escenario en las relaciones con Cataluña.
