CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El último movimiento de la fiscalía guatemalteca contra el antiguo jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, ahora ministro de Defensa del gobierno de Gustavo Petro en Colombia, se interpreta como una muestra de que la continuidad del gobierno de Alejandro Giammattei va aparejada con la impunidad de casos de corrupción pasados.
Según analistas, hay un trasfondo político detrás de una decisión que desconoce las leyes internacionales de inmunidad que protegen a los comisionados anticorrupción. Aunque reconocen que no es fácil desenmarañar las intenciones de la fiscalía guatemalteca al anunciar acciones penales contra el excomisionado colombiano Iván Velásquez.
El gesto contra el encargado de dirigir la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) -que ha derivado en una fricción diplomática con Colombia- sirve para reforzar a la estrategia política de mano dura en el país centroamericano.
Gustavo Petro, presidente colombiano, reaccionó el miércoles asegurando que no descarta romper relaciones con Guatemala y que todo dependerá de “hasta donde quieran llevar la situación”.
Tiziano Breda, investigador experto en América Latina del Istituto Affari Internazionali, con sede en Italia, dice que al realizar un señalamiento público contra un funcionario de un país distinto se está consciente de las repercusiones que puedan tener.
A días de que Guatemala anuncie el inicio de la carrera electoral, el investigador cree que la arremetida contra Velásquez “encaja en un propósito electoral". Es un mensaje, interpreta, sobre “una oferta electoral indirecta para aquellos sectores que se están beneficiando o se van a beneficiar del desmantelamiento de todo lo que tiene que ver con la CICIG”.
Concluye Breda que es una forma de “asegurar que, en el caso de una continuidad de gobierno, el desmantelamiento va a continuar”. A su criterio, ”es un intento de revertir todo lo que se ha hecho contra la corrupción e impunidad en Guatemala" y de “cambiar la narrativa sobre lo que vino a hacer la CICIG en el país”.
El fiscal que anunció las acciones contra el ahora ministro colombiano es José Rafael Curruchiche Cacul, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que fue sancionado en julio de 2022 por Estados Unidos por obstruir investigaciones de actos de corrupción. Está señalado por desbaratar casos contra funcionarios de alto perfil y levantar aparentes denuncias falsas contra fiscales, abogados y extrabajadores de CICIG.
Según Curruchiche Cacul, las investigaciones contra Velásquez se justifican en que aprobó y adelantó un acuerdo de cooperación anómalo con la constructora brasileña Odebrecht que sobornó a políticos guatemaltecos para obtener beneficios. El acuerdo mencionado, no obstante, fue avalado en su momento por una juez.
Además de las investigaciones contra Velasquez y contra su entonces mano derecha, la abogada colombiana Luz Adriana Camargo Garzón, Curruchiche también pidió la aprehensión contra la exfiscal general Thelma Aldana, exiliada y asilada política en Estados Unidos. Ninguno fue detenido.
También surgieron cuestionamientos jurídicos a la decisión de Guatemala. Gabriel Orellana, excanciller guatemalteco y especialista constitucional, asegura que la declaración del fiscal Curruchiche denota desconocimiento del acervo normativo internacional.
Primero, apunta el jurista, se debió consultar con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que por mandato jurídico debe analizar los convenios internacionales y si era viable la pretensión de perseguir a Velásquez.
El mandato de creación y funcionamiento -y sus respectivas renovaciones del mandato- de CICIG en el país, firmado por varios presidentes guatemaltecos en representación del Estado y Naciones Unidas, establece que los funcionarios nacionales e internacionales cuentan con inmunidades diplomáticas por el trabajo realizado en CICIG, aún cuando hayan finalizado su labor en la entidad.
Orellana precisó la inmunidad que protege a los exmiembros de la comisión puede ser levantada siempre y cuando el Secretario General de Naciones Unidas lo autorice, según la Convención de Viena en la que se fundamenta la inmunidad establecida en el acuerdo.
Farhan Haq, vocero del Secretario General de la ONU, dijo el miércoles que éste ha tomado conocimiento de las acciones emprendidas por el Ministerio Público de Guatemala en contra de operadores de justicia y funcionarios de la ex CICIG, incluyendo la del ex comisionado Velázquez.
“El personal internacional de la Comisión, en los términos del acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala sobre el establecimiento de la CICIG, gozan de privilegios e inmunidades, y que su inmunidad continúa a pesar de que ya no se encuentran en sus cargos”, recalcó.
El Secretario General, según agregó su portavoz, expresa su preocupación por los numerosos informes que sugieren que se ejerce persecución penal contra quienes buscaron esclarecer casos de corrupción y trabajaron para fortalecer el sistema de justicia en Guatemala.
Durante los 12 años de mandato de la CICIG, que fue reconocida a nivel internacional y que finalizó en 2019, llevó a juicio a más de mil personas acusadas de corrupción. Entre ellos, había funcionarios públicos, políticos, empresarios y jueces. Su acción desbarató más de 60 estructuras de crimen organizado.
