Avanza en comisiones Legislativas la reforma al Código Penal estatal propuesta por el Fiscal General de Justicia Mexiquense, José Luis Cervantes Martínez, para tipificar el delito contra la economía con penas hasta por 20 años de prisión, a quienes extorsionan a los comerciantes o constructores para vender o proveerse de un producto a precio superior, problemática que se registra en algunas regiones del estado.
La iniciativa pretende prevenir, enfrentar y sancionar la conducta delictiva que se presenta y propaga en algunas regiones del Estado de México.
Estos son los castigos propuestos en la iniciativa
De acuerdo al dictamen, al responsable de este delito se impondrá de seis a 10 años de prisión y de mil a mil 500 unidades de medida de actualización. Si en la comisión de este delito participan dos o más personas se impondrán de tres a cinco años de prisión y de 500 a 800 días de multa.
Cuando la comisión de este delito, él o los sujetos activos se ostenten como miembros de alguna organización o grupo delictivo se impondrán de siete a 15 años de prisión, de mil 300 a dos mil días de multa.
Cuando el delito sea cometido por servidores públicos se impondrán de ocho a 20 años de prisión y de mil 500 a dos mil 500 días de multa. En sesión de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, que preside el diputado Gerardo Ulloa Pérez se aprobó el dictamen y los diputados dejaron claro que se trata de favorecer un nuevo tipo penal, la protección de las personas y unidades económicas en el desarrollo de la actividad económica.
Leyes deben ajustarse a realidad: Gerardo Ulloa Pérez
El diputado señaló que la propuesta inicial sufrió modificaciones en el comentario de dictaminación, “la realidad social es un fenómeno cambiante y las leyes se deben ajustar a esa realidad, el artículo 199 bis, materia de reforma, estará inserto en el capítulo primero denominado delitos contra el consumo, del subtítulo tercero denominado delitos contra la economía, esto es que las conductas que se escriben en el artículo que se adiciona serán una modalidad de los delitos contra el consumo, por lo cual estarían tipificadas como tales”.
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Refirió que la iniciativa fue objeto de un trabajo coordinado que permitió eliminar los conceptos de competencia desleal y distorsión del mercado, los cuales daban la idea de que con la reforma se regularía una materia diversa a la penal.
Además quieren determinar al responsable del delito para que no exista la posibilidad de criminalizar al comerciante; de modo que los operadores de la norma puedan contar con elementos para enfrentar y detener una conducta delictiva que violenta la libertad y la integridad de quienes ejercen el comercio como actividad para ganarse la vida.
