WASHINGTON (AP) — Como ministro de Pesca de Indonesia, a Edhy Prabowo se le encomendó la protección de uno de los recursos más preciados de su país: las crías de langosta, tan pequeñas que caben en la punta de un dedo.
Las aguas de las muchas islas y archipiélagos de la nación alguna vez estuvieron repletas de langostas, pero la pesca excesiva en las últimas décadas diezmó la población de crustáceos, tanto que los pescadores recurrieron a la captura de las crías. Las capturaron por miles y las enviaron a granjas de langosta vietnamitas, donde los bebés son criados hasta la edad adulta y vendidos principalmente a comerciantes en China para satisfacer su enorme demanda de mariscos.
Preocupado porque tal captura daña las poblaciones de langosta, el ministerio de pesca de Indonesia prohibió en 2016 la exportación de los diminutos crustáceos. Poco después de asumir el cargo, Prabowo levantó dicha prohibición. Documentos judiciales muestran que solo un mes después, en junio de 2020, el ministro aceptó un soborno de 77.000 dólares de un proveedor de mariscos para otorgarle un permiso y que pudiera vender las crías en el extranjero.
El dinero fluyó sin parar. En su breve período como ministro, Prabowo aceptó sobornos por casi 2 millones de dólares. Fue arrestado en 2020 por las autoridades indonesias, después de haber utilizado el soborno para comprar 26 bicicletas de ruta, ropa infantil Old Navy, bolsos Louis Vuitton, relojes Rolex y dos bolígrafos de lujo. Prabowo, de 50 años, fue condenado a cinco años de prisión por corrupción. Su abogado declinó hacer comentarios.
El caso de Prabowo no es atípico. Es emblemático de la corrupción que azota a decenas de países costeros en desarrollo que desempeñan un papel clave en la gestión de algunas de las zonas pesqueras más amenazadas del mundo, según expertos y una revisión de archivos de casos penales y despachos de prensa de la AP.
Al menos 45 funcionarios gubernamentales han sido acusados de corrupción en las últimas dos décadas, encontró la AP. Las acusaciones van desde funcionarios de alto rango como Prabowo que aceptan grandes pagos de empresas pesqueras para obtener contratos lucrativos hasta servidores civiles de bajo nivel que aceptan unos cuantos miles de dólares para ignorar a los pescadores que traen pesca ilegal a tierra.
“La corrupción en la pesca puede tener impactos devastadores en los ecosistemas marinos y las comunidades locales que pueden depender de ellos”, sostiene Ben Freitas, gerente de política oceánica del Fondo Mundial para la Naturaleza, con sede en Washington.
“Los países con gobiernos débiles que carecen de supervisión y rendición de cuentas son más susceptibles al riesgo de corrupción. Y es ahí donde la corrupción pesquera juega un papel pernicioso en la sobrepesca. Puede conducir a la sobreexplotación de los recursos. Es un problema global”, agrega.
La situación es más crítica en áreas gestionadas por países en desarrollo porque muchos países industrializados ya han sobreexplotado sus propias aguas, lo que los obliga a enviar flotas de arrastreros al otro lado del mundo para satisfacer la creciente demanda de alimentos del mar. En todo el mundo se consume el doble de productos del mar que hace cinco décadas, según estimaciones de las Naciones Unidas, y el 35% de las poblaciones se consideran sobreexplotadas, frente al 10% anterior.
Muchos países costeros en desarrollo dependen del pescado para millones de empleos y satisfacer las necesidades alimentarias de sus poblaciones. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito advirtió en un informe de 2019 que el no combatir exitosamente la corrupción producirá “daños significativos financieros, ambientales y sociales”.
Dicha corrupción, agregó el informe, “afecta negativamente a los países en desarrollo en particular”.
Aquellos que desean ocultar sus operaciones o pagar sobornos para eludir las restricciones han descubierto que la industria pesquera es hospitalaria.
Las empresas tienen pocas dificultades para cambiar el nombre o el estado del pabellón de un barco de pesca, y es una práctica común registrar barcos bajo empresas fantasma (shell companies) en Liberia o las Islas Marshall. Los barcos malhechores suelen apagar sus dispositivos de seguimiento de ubicación, descargar pescado capturado ilegalmente en otros barcos, o “lavarlo” al mezclarlo con su captura estándar.
"Creo que la falta de rendición de cuentas es aún mayor en el sector pesquero que en otras actividades relacionadas con el medio ambiente”, dijo Juhani Grossmann, líder de programa en el Basel Institute on Governance (Instituto de Gobernanza de Basilea), que trabaja en esfuerzos anticorrupción con el Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca de Indonesia.
Al menos en las operaciones madereras ilícitas, agregó Grossmann, “no tienes una empresa fantasma diferente para cada camión”.
La investigación de la AP encontró que la mayoría de los casos de corrupción y soborno eran maquinaciones de bajo nivel, como uno en India en el que los fiscales acusaron el año pasado a dos oficiales de pesca que extorsionaron 1.100 dólares para aprobar subsidios para una granja piscícola. Otro involucraba a pescadores que presuntamente sobornaban a oficiales de Malasia con al menos 11.000 dólares por cada barco que acordaban no reportar.
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Este reportaje contó con el apoyo de fondos de la Walton Family Foundation y el Pulitzer Center on Crisis Reporting. La AP es la única responsable de todo el contenido.
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Algunos son mucho más grandes e involucran a instituciones financieras globales. En 2021, el banco suizo Credit Suisse admitió haber financiado de manera fraudulenta un préstamo masivo a Mozambique para ampliar su flota pesquera de atún. Un contratista que manejaba el préstamo pagó sobornos por 150 millones de dólares a funcionarios del gobierno mozambiqueño.
Stephen Akester, un asesor de gestión pesquera que ha trabajado en África y el sur de Asia durante cuatro décadas, dijo que hay una larga historia de empresas extranjeras —particularmente de China— que forjan relaciones corruptas con funcionarios pesqueros.
“Se aprovecharon de la debilidad de estos gobiernos para los que cualquier tipo de ingreso era mucho dinero, incluso cantidades pequeñas de dólares”, explicó. “Y eso continúa aún hoy”.
En Gambia, una pequeña nación de África occidental enclavada en la costa de Senegal, Bamba Banja, secretario permanente del Ministerio de Pesca y Recursos Hídricos, fue acusado en 2021 de aceptar un soborno de una empresa china para liberar un barco detenido por pesca ilegal.
Según los documentos de la acusación, un empleado de Golden Lead Company Limited dijo a las autoridades gambianas que él y otro accionista dieron a Banja, en 2018, 100.000 dalasis gambianos (unos 1.600 dólares), para liberar la embarcación. El caso sigue en curso. El abogado de Banja dijo a la AP que el secretario de pesca niega cualquier delito.
Las autoridades de Namibia afirman que una empresa islandesa de productos del mar pagó aproximadamente 6 millones de dólares en sobornos a funcionarios namibios para que se le permitiera pescar en las aguas del país. El llamado escándalo “Fishrot” (“Podredumbre de Pescado”) salió a la luz por primera vez hace cuatro años. El exministro de Pesca y el exministro de Justicia de Namibia aún están en juicio, y el Departamento de Estado les prohibió ingresar a Estados Unidos.
La empresa islandesa Samherji ha negado haber cometido delitos. En una declaración de 2021, dijo que hubo “un gran caos” en sus operaciones en Namibia y que muchos gastos no se documentaron formalmente.
La corrupción no se limita a los países en desarrollo. En 2019, un alto funcionario pesquero europeo fue vinculado a una red criminal que buscaba “blanquear” atún de aleta azul capturado ilegalmente que llegaba a España desde Italia y Malta a través de puertos franceses.
Andreina Fenech Farrugia, directora de pesca de Malta, sigue suspendida mientras los investigadores de la Guardia Civil española investigan si ayudó a la organización criminal a eludir las cuotas de atún de la Unión Europea.
Según una transcripción de una llamada telefónica interceptada por la policía y publicada por el diario El Confidencial, la directora de pesca dijo a un magnate atunero: “Tienes que pagarme”.
Las autoridades españolas declinaron comentar sobre el caso. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Derechos de los Animales de Malta dijo que Fenech Farrugia estaba de licencia sin goce de sueldo. No ha sido acusada de un delito y no pudo ser contactada para que comentara.
Los casos revisados por la AP probablemente representan una pequeña fracción de la corrupción que ocurre a diario cuando se transportan y venden cargamentos de pescado en todo el mundo.
La mayoría de los casos no son detectados, dijo Adam Graycar, profesor de política pública en la Universidad de Adelaide, quien ha dedicado gran parte de su carrera al estudio de la corrupción.
“Tienes inspectores que coluden con los propietarios de los barcos de pesca”, apuntó. “Nadie te dirá lo que está sucediendo ni te dará ningún dato”.
En Ghana, por ejemplo, el ministerio de pesca no se ha visto marcado por ningún escándalo de corrupción importante. Sin embargo, la Environmental Justice Foundation (Fundación de Justicia Ambiental), que ha investigado los abusos en el sector pesquero durante dos décadas, emitió un informe el año pasado que documenta cómo la nación de África occidental ha quedado atrapada en “una cultura de corrupción en la que el soborno y la intimidación impregnan todos los niveles de gestión pesquera.
“Las injusticias ambientales y sociales resultantes del statu quo actual son innumerables, y las comunidades pesqueras cargan de manera desproporcionada el peso de un sistema disfuncional”, concluyó el grupo.
Kyei Kwadwo Yamoah aboga por una mejor gestión pesquera en Ghana como coordinador de la Fisheries Alliance (Alianza Pesquera). Al revisar las infracciones reportadas por observadores en embarcaciones pesqueras para un proyecto del Banco Mundial en 2016, Yamoah encontró brechas amplias e inexplicables en la aplicación de la ley. El gobierno había penalizado a algunas empresas, dijo, pero a otras se les renovó la licencia de pesca sin ningún cuestionamiento.
“No quedó claro por qué estos barcos ni siquiera fueron detenidos o sancionados, puesto que hubo un caso claro de incumplimiento de la ley”, dijo Yamoah.
La sobrepesca y la pesca ilegal han llevado a las poblaciones de peces de Ghana al borde del colapso, lo que provocó la adopción de medidas presidenciales y puso en riesgo los medios de subsistencia y la salud de millones de ghaneses.
La situación, dijo Yamoah, es cada vez más funesta: algunos días, los pescadores pasan todo el día en el agua y regresan sin nada.
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Los periodistas de Associated Press Colleen Barry en Milán, Ciarán Giles en Madrid, Joshua Goodman en Miami, Abdoulie John en Gambia, Sheikh Saaliq en Nueva Delhi, y Edna Tarigan y Niniek Karmini en Yakarta contribuyeron a este reportaje.
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