CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La guerrilla Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano iniciaron el lunes en la Ciudad de México un nuevo ciclo de los diálogos que buscan poner fin a más de seis décadas de conflicto y que estarán centrados, entre otros temas, en alcanzar un cese al fuego nacional.
“En este ciclo tenemos que producir hechos”, afirmó el representante del gobierno, José Otty Patiño, quien apostó a que el alto el fuego genere “alivios permanentes... no treguas temporales”.
En este sentido, dijo que el reto no sólo es disminuir las confrontaciones armadas sino sobre todo la hostilidad hacia la sociedad civil y “ las actividades ilegales generadoras de daño y de violencia” en todo el país.
También recordó que los negociadores no son infalibles y que, por tanto, cualquier acuerdo al que se llegue y que se implemente siempre podrá ser mejorado después.
El presidente colombiano Gustavo Petro planteó recientemente este nuevo enfoque que incluye detener cualquier afectación a la población civil y la suspensión de los negocios ilícitos de los que suelen obtener ganancias distintos actores armados en Colombia.
Por su parte, Pablo Beltrán, jefe de la delegación de la guerrilla fundada en 1964, habló de avanzar en “los preparativos para acordar un cese del fuego bilateral, temporal y nacional” y enfatizó la importancia de resolver las causas económicas del conflicto, como la desigualdad social, y no sólo buscar la “desmovilización automática de las rebeldías”.
También apostó por “una política antidrogas alternativa que deje de estar basada en la represión y en la guerra”.
El ELN se sentó por primera vez a hablar con el gobierno en la década de 1970 y esta es la sexta vez que ambas partes intentan buscar soluciones a un conflicto en el que han estado presentes distintos actores armados y que ha dejado casi medio millón de asesinados, más de 120.000 desaparecidos y 7,7 millones de desplazados, según el informe de la Comisión de la Verdad publicado el año pasado.
En 2016 Colombia logró firmar la paz con la que fuera la principal guerrilla del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), un proceso que está en implementación y que ha tenido un nuevo impulso con el actual gobierno de Petro, el primer presidente de tendencia izquierdista y quien en su juventud militó en la extinta guerrilla M-19.
Pero después de ese pacto la violencia continuó al seguir activos grupos armados de distinta naturaleza, desde escisiones de las FARC a grupos herederos del paramilitarismo y ligados al narcotráfico.
El ELN es considerada la última guerrilla activa del país y podría tener entre sus filas entre 2.000 y 4.000 personas y tiene presencia en unos 200 municipios. El proceso actual de negociaciones comenzó en 2017 durante el gobierno de Juan Manuel Santos pero la mesa fue suspendida por más de tres años luego de que el ELN atacara con explosivos una escuela de policía en 2019, matando a 22 personas.
El diálogo fue retomado en noviembre de 2022 tras el ascenso al poder de Petro y desde entonces ambas partes han dado gestos de voluntad hacia el diálogo: el ELN liberando al menos 20 secuestrados y el gobierno suspendiendo las órdenes de captura que pesaban sobre los negociadores de la guerrilla.
Tras esas primeras conservaciones en Caracas a fines del año pasado, ahora se busca acordar la agenda definitiva de las negociaciones y definir cómo será la participación de la sociedad civil colombiana, un actor no visible en la mesa pero que, según el gobierno, debe ser el protagonista del proceso.
El cese al fuego se convirtió en un punto neurálgico debido a que en enero el gobierno lo decretó sin que el ELN estuviera de acuerdo generando una crisis al interior de la mesa. Las partes se reunieron de manera extraordinaria en Caracas para resolver el incidente.
Andrés Macías, investigador del conflicto y de temas de paz de la Universidad Externado de Colombia, dijo a The Associated Press que incluir en un cese al fuego la suspensión de actividades ilícitas sería “ideal” pero difícil de alcanzar.
“El ELN aún requiere de los ingresos que le generan esos negocios ilícitos, por lo que esa suspensión podría ser realista cuando ya se esté acercando el momento de la firma de un acuerdo luego de haber superado todos los puntos de la agenda”, agregó.
Por otra parte, la guerrilla ha cuestionado públicamente la llamada “paz total”, una política con la que el gobierno busca acercamientos simultáneos con múltiples grupos armados y bandas de narcotraficantes.
Eliécer Chamorro, alias “Antonio García” y máximo comandante del ELN, ha reclamado un trato diferencial al de los llamados “grupos armados organizados” y Patiño ha contestado en declaraciones a la prensa que la “paz total” tiene distintos tratamientos dependiendo de los actores ilegales y el ELN siempre ha tenido un “carácter político”.
Al ELN le interesa no estar al mismo nivel que otros actores armados como el Clan del Golfo, considerado el cártel más peligroso del país, pero Petro ha dejado claro que con los narcotraficantes no negociará políticamente sino que tendrán que someterse a la justicia.
Los diálogos actuales son respaldados por Venezuela, Noruega, Chile, Cuba, México y Brasil como garantes y acompañado por la Conferencia Episcopal de Colombia y las Naciones Unidas.
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Suárez reportó desde Bogotá, Colombia.
