CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Opositores excarcelados y desterrados de Nicaragua denunciaron el viernes que el gobierno de Daniel Ortega les ha suspendido el pago de sus jubilaciones, medida que también fue aplicada a los exiliados.
“Fui eliminado del sistema” del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), dijo a The Associated Press el sociólogo y economista Irving Larios, quien por ser crítico de Ortega estuvo preso desde septiembre de 2021 hasta su expulsión a Estados Unidos junto a otros 221 opositores el pasado 9 de febrero.
Larios, de 63 años y que recibía una jubilación mensual equivalente a casi 800 dólares, calificó la medida de “una perversidad” ya que una veintena de los exprisioneros desterrados son personas mayores de 60 años.
Además, a los 222 se los despojó de la nacionalidad nicaragüense mediante una resolución judicial divulgada tras su sorpresiva deportación.
“Esto es una muestra más de la perversidad... un acto irracional e ilegal”, agregó Larios, quien fue procesado por “conspiración” contra el Estado y condenado a una pena de 13 años de cárcel.
También confirmó la suspensión de su jubilación la mítica exguerrillera Dora María Téllez, de 67 años y que hace tres décadas se separó del partido Frente Sandinista que dirige Ortega. Téllez es otra de los 222 opositores excarcelados y enviados a Estados Unidos.
“Esta pensión no es un regalo, es un derecho porque trabajamos y cotizamos toda la vida a nuestra seguridad social”, dijo Téllez a un medio digital nicaragüense. “El INSS tendrá que pagarnos cada centavo que nos está quitando”, protestó.
Entre otros excarcelados con jubilaciones ya retenidas figuran tres exministros y un exdiplomático que pidieron no revelar sus nombres por temor a represalias del gobierno contra sus familias en Nicaragua.
El INSS no ha confirmado oficialmente la retención de las jubilaciones a los opositores.
La suspensión de las pensiones se estaría aplicando también a varios de los 94 opositores a quienes el gobierno les quitó la nacionalidad el 15 de febrero, día en que también anunció la confiscación de sus bienes por considerarlos “traidores a la patria”.
Entre los despojados de la ciudadanía y sujetos a expropiación figuran los conocidos escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.
La excomandante sandinista Mónica Baltodano, exdiputada opositora de 68 años, se exilió en Costa Rica junto a su esposo Julio López, de 77, quien fue un alto funcionario del partido sandinista en la década de 1980. Ambos fueron despojados de sus jubilaciones.
“Ya no nos depositaron este mes la pensión de jubilados”, confirmó Baltodano a AP. “Es una medida brutal, arbitraria y absolutamente ilegal, porque la jubilación es un derecho que protege a los adultos mayores de la indefensión, el desempleo y el hambre”, dijo.
El derecho a la seguridad social y pensiones de vejez está protegido por la constitución de Nicaragua, que en uno de sus artículos obliga al Estado a prestar ese servicio “sin exclusiones”, por ser considerado un “derecho adquirido”.
Consultado por AP el abogado Juan Carlos Arce, del Colectivo de Derechos Humanos “Nicaragua Nunca Más”, calificó la suspensión de las jubilaciones de “una acción antijurídica” pues “viola el principio de progresividad de los derechos económicos y sociales y el principio de derechos adquiridos”.
“Esto deja en completa desprotección a adultos mayores y ratifica una política de Estado basada en el castigo a quienes considera opositores”, señaló Arce. “El régimen nicaragüense deja en evidencia que no tiene límites en la violencia contra los opositores”, añadió.
Destacó que la medida también viola la Ley de Seguridad Social y el Protocolo de San Salvador, que establece que toda persona tiene derecho a la seguridad social.
Tras el retiro de la nacionalidad nicaragüense a los opositores los gobiernos de España, Chile, Argentina, Colombia y México ofrecieron otorgarles la ciudadanía. El novelista Ramírez, que ya tiene la nacionalidad española, aceptó también la colombiana y la ecuatoriana, mientras que la poeta Belli aceptó la nacionalidad chilena.
Nicaragua vive una grave crisis política desde abril de 2018 cuando Ortega reprimió con policías y paramilitares una revuelta social. La acción gubernamental dejó 355 muertos, más de 2.000 heridos y al menos 100.000 exiliados, según organismos de derechos humanos.
