MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
La que fuera funcionaria del Estado durante la Administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) ha sido exculpada de haber colaborado en la simulación de contratos a través de empresas ficticias con universidades públicas por valor de 7.760 millones de pesos mexicanos (unos 325 millones de euros), según ha informado 'El Sol de México'.
Con la decisión tomada esta tarde por el juez Roberto Omar Pérez Gorostieta, Robles no volverá a pisar la cárcel por el delito de uso indebido del servicio público que le imputó la Fiscalía General de la República (FGR) en 2019, a no ser que esta impugne el fallo.
Asimismo, a la exfuncionaria le serán retiradas todas las medidas cautelares en su contra, por lo que ya no tendrá que firmar quincenalmente a las instalaciones de la FGR, y no tendrá prohibido salir del país ni estará sujeta a prisión domiciliaria.
Con la decisión del juez, Robles sólo podrá ser sancionada con la inhabilitación para ejercer un cargo público en caso de que sea encontrada culpable.
Según el tribunal federal mexicano, las conductas perseguidas por la Fiscalía debe juzgarse por la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria y no por el artículo 214 del Código Penal Federal, según ha recogido el citado diario.
Según el Ministerio Público, Robles dispondría de información que demostraría cómo se desviaron fondos públicos para las campañas presidenciales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de José Antonio Meade, así como de Alfredo del Mazo, actual gobernador de Estado de México, cumpliendo instrucciones del que fuera ministro de Hacienda y Exteriores durante el sexenio de Peña Nieto, Luis Videgaray, quien ha utilizado sus redes sociales para negar estas acusaciones.
El escándalo estalló en 2017, cuando la organización no gubernamental Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en colaboración con el portal de noticias 'Animal Político', destapó como a través de empresas ficticias se simularon una serie de contratos con universidades públicas por valor de 325 millones de euros.
La investigación, galardonada con el Premio de Periodismo Ortega y Gasset del año 2108, evidencia una trama diseñada para malversar fondos con empresas ficticias, que habían sido subcontratadas por un grupo de doce universidades públicas, las cuales sellaron 73 convenios colaboración con once dependencias del Gobierno de Peña Nieto, entre ellas la dos que dirigió Robles, Desarrollo Social y Desarrollo Agrario Territorial y Urbano.
