La Fiscalía General de la República (FGR) compartió que el juez de control “utilizó la ley de forma dolosa” luego de la resolución de un juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, quien canceló el proceso penal contra de Rosario Robles Berlanga, que planea interponer una queja y proceder penalmente contra la exfuncionaria.
El juez penal Roberto Omar Paredes Gorostieta absolvió el pasado 24 de febrero a la exsecretaria de Desarrollo Social por los delitos que la involucraban con la ‘Estafa Maestra’, caso durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, por lo que la FGR informó que tomaría cartas en el asunto tras el fallo.
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La FGR informó que el juez utilizó dolosamente una legislación que no es aplicable penalmente con el fin de violentar la ley en los expedientes de Robles Berlanga y así, lograr la cancelación de los cargos contra la imputada, “declarar que eso “no constituye delito”, es algo absurdo e inaceptable, ya que dicha afirmación no está sustentada, ni fundamentada en los hechos, ni en las leyes, ni en las pruebas”.
De acuerdo al Artículo 118 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria —que establece la independencia de las responsabilidades administrativas de las penales—, el juzgador aplicó dicha legislación con el fin de violar las constancias en los expedientes penales de la exfuncionaria, según apunta el comunicado de la FGR.
En el documento la dependencia asegura que la ‘Estafa Maestra’ es “uno de los casos más escandalosos de corrupción y de daño patrimonial para el país”, en el que —según las investigaciones oficiales— “la cantidad saqueada supera los 5 mil millones de pesos y existen 24 casos penales federales en donde están involucradas más de 50 personas en averiguaciones previas y en carpetas de investigación, todas ellas de carácter penal, que han sido judicializadas en su momento”.
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Menciona que a Rosario Robles fue imputada “por el delito de ejercicio indebido de servicio público, previsto en el Artículo 214, fracción III, del Código Penal Federal; ya que dicha persona, como titular de las áreas involucradas, supo de los delitos ya señalados y existen pruebas abundantes al respecto”, señalando que no “avisó por escrito a su superior jerárquico, ni impidió, ni evitó ese saqueo, estando dentro de sus obligaciones hacerlo; lo cual generó un enorme daño patrimonial de recursos que deberían de haber ido a los sectores más necesitados del país y que fueron saqueados de una manera dolosa y abusiva”.
“El sobreseimiento decretado por dicho juez, adscrito a un Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, es una violación flagrante a todos los expedientes penales que señalan las responsabilidades correspondientes”, sostiene la FGR.
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El texto señala que las pruebas en el juicio son claras y “el hecho de que el juez penal Roberto Omar Paredes Gorostieta, en funciones de juez de control, haya sobreseído en forma total y con efectos de sentencia absolutoria, a favor de María del Rosario “R”, es un acto de injusticia inaudito que, por carecer de fundamento, obliga a esta Institución a iniciar un procedimiento penal inmediato”.
“Independientemente de que todas las objeciones señaladas se incorporarán a la apelación correspondiente, la Fiscalía General de la República no puede omitir su responsabilidad de perseguir la comisión de un presunto delito contra la administración de justicia (art. 225, fracción VI, del propio Código Penal Federal)”, cita el documento.
