La noche de este miércoles se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Plan B de la reforma electoral que empujó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pese a las manifestaciones en contra de las modificaciones al modelo de comunicación y propaganda electoral, así como el Tribunal.
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Según se detalla en la publicación, se realizaron reformas a 429 artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expidió la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Su publicación se había postergado desde el mes de diciembre, cuando la Cámara de Diputados lo aprobó, debido a que aún faltaba la aprobación por parte del Senado, y la anulación de la cláusula de vida eterna de los partidos políticos, que lo autorizó gracias a la mayoría de Morena en la Cámara Alta con 72 votos a favor.
Los principales cambios erosionan la estructura organizativa del Instituto Nacional Electoral (INE), debido a la desaparición de sus diferentes órganos desconcentrados que intervienen en la realización de los procesos electorales en el país: a partir de hoy, las Juntas Distritales y la Secretaría Ejecutiva desaparecen, además de las 300 Juntas Ejecutivas Distritales (JED).
Otras de las modificaciones importantes son el debilitamiento de los Organismo Públicos Locales (OPL), la Unidad Técnica de Fiscalización y los Organismos Públicos Locales (OPL). Además, continúa el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), pero los cómputos distritales se tendrán que llevar a cabo el mismo día de la elección.
Apenas esta semana se desató una polémica en el Congreso, pues varios legisladores morenistas señalaron al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, por supuestamente no haber dado su firma para la publicación, lo que la bancada panista negó.
De cualquier forma, el Plan B electoral ya es una realidad y ahora le corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) proceder sobre la acción de inconstitucionalidad que impuso el órgano electoral, apoyada por los partidos de oposición, para revertir la puesta en marcha de la reforma que impulsó AMLO.
La administración obradorista busca con esta política fortalecer, también, su política de austeridad, pues supondría un ahorro aproximado de 3 mil 500 millones de pesos, debido al menor gasto y a la reducción de las instituciones que rige el INE.
Además, disminuir las atribuciones del órgano electoral para sancionar a candidatos por actos propagandísticos e impedirle el retiro de las candidaturas, como ocurrió con el exaspirante morenista al gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio.
