La disputa legal entre la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel, se extendió nuevamente, después de que una jueza de un tribunal colegiado de circuito congelara el juicio de amparo promovido por la abogada, debido al proceso abierto tras la apropiación indebida de su tesis de licenciatura.
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Esto se logró después de la interposición de una serie de quejas por parte de autoridades de la Máxima Casa de Estudios, como el rector Enrique Graue; así como la secretaria técnica, la presidenta y los miembros que integran el Comité Universitario de Ética (CUÉTICA), el cual se integró para determinar si la ministra incurrió en plagio con su trabajo de tesis.
De esta forma, la jueza federal Sandra de Jesús Zúñiga detuvo el recurso jurídico con el que la ministra busca defenderse la presunta comisión de plagio. Uno de los argumentos de la UNAM es que no se tuvo que admitir el juicio de amparo, pues tiene un carácter improcedente.
Además, otras de las justificaciones de la institución de educación superior es que la jueza federal, por esa razón, debió desechar de inmediato el recurso jurídico interpuesto por Esquivel Mossa.
En cuanto al tiempo que podría tomar la resolución sobre esta situación, sería de alrededor de tres meses, aunque podría obtener una “victoria” legal, pues regularmente se admiten los trámites de amparo para aquellos que los interponen.
“Toda vez que la resolución que se dicte puede influir en el trámite del juicio de amparo, por tratarse la determinación reclamada de la admisión de la demanda, que por su naturaleza, resulta una cuestión trascendental; acorde a lo dispuesto en el artículo 102 de la ley de la materia, se suspende el procedimiento en el presente asunto, hasta en tanto se resuelvan las quejas”, pidió la juzgadora.
Sin embargo, este es un proceso independiente a la suspensión definitiva del fallo sobre la apropiación indebida de su tesis de licenciatura, que le fue concedido la semana pasada a la ministra y por el cual la UNAM tiene prohibido pronunciarse públicamente y así evitar violaciones al debido proceso.
