MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
Así lo han confirmado a Europa Press en fuentes de la negociación, que han precisado que la Seguridad ofrecerá al pensionista ambas posibilidades, aunque aplicará lo que resulte más ventajoso para el trabajador que se jubile.
Esta nueva propuesta, que cuenta con el aval de Bruselas y de Unidas Podemos, se distancia de la que el Ministerio presentó en el arranque de la negociación con los agentes sociales hace unos meses y que provocó el rechazo tanto de su socio de gobierno como de sindicatos y empresarios.
Esa primera propuesta del Gobierno contemplaba ampliar el periodo de cálculo de la pensión desde los 25 años actuales a un total de 30 años, excluyendo los dos peores años de cotización, con lo que la pensión se calcularía con un total de 28 años cotizados.
La nueva propuesta que el Ejecutivo llevará hoy a la mesa de negociación con los agentes sociales es mucho más suave, pues permitirá elegir entre lo que ya hay (últimos 25 años de cotización) o utilizar un periodo de cómputo de 29 años, eliminando los dos peores años cotizados. Es decir, que el periodo de cálculo se mantendrá en 25 años si no resulta más beneficioso tomar un total de 27 años (29 años menos los dos peores).
El objetivo de esta segunda opción es que aquellos con carreras laborales más volátiles, por ejemplo despedidos al final de su vida laboral, no vean mermada su pensión por haber recibido menores ingresos en sus últimos años en activo.
UN "EMPUJÓN" A LA REFORMA EN LAS ÚLTIMAS HORAS
El Gobierno ha dado un "empujón" en las últimas horas a la segunda pata de la reforma de las pensiones tras cerrar con Bruselas y Unidas Podemos un acuerdo sobre su contenido que este mismo viernes presentará a los agentes sociales en una reunión convocada a partir de las 12.30 horas en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Según han confirmado a Europa Press en fuentes de la negociación, PSOE y Podemos consiguieron cerrar a última hora de ayer un acuerdo para esta segunda fase de la reforma, que seguirá a las tres anteriores ya materializadas y comprometidas en el Plan de Recuperación: la reforma que revaloriza las pensiones con el IPC, la que modifica el Régimen de Trabajadores Autónomos (RETA) para que coticen por sus ingresos reales y la que impulsa los planes de pensiones de empleo.
"La propuesta sobre pensiones que hoy hace el Gobierno a los agentes sociales ha sido muy trabajada y demuestra que lo que siempre ha dicho Podemos es posible. Ampliamos derechos a los y las pensionistas garantizando la sostenibilidad del sistema gracias al aumento de ingresos", ha señalado a primera hora de esta mañana la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en su cuenta de Twitter.
Esta segunda pata, centrada en el aumento de los ingresos de la Seguridad Social y en la suficiencia de pensiones para los trabajadores con carreras laborales más volátiles, es uno de los hitos vinculados al cuarto desembolso de los fondos europeos.
El Ministerio de Inclusión ha estado negociando a tres bandas (con Bruselas, con las fuerzas políticas y con los agentes sociales) para ultimar una reforma que el propio ministro José Luis Escrivá calificó hace unos días de "inminente".
Ayer Escrivá desvelaba que el acuerdo con Bruselas estaba prácticamente hecho. Fuentes comunitarias confirmaron a Europa Press que la Comisión Europea ha mantenido contactos "intensos" en las últimas semanas con el Gobierno español sobre la reforma del sistema de pensiones, una de las condiciones a las que está sujeto el desembolso de los 10.000 millones del cuarto pago del fondo anticrisis que España aún no ha solicitado.
Tras el sí de Bruselas y Podemos, ahora sólo falta que la reforma de pensiones reciba el visto bueno de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme. Los agentes sociales habían pedido a Escrivá que antes de presentarles su propuesta de reforma se asegurara de que ésta iba a tener suficiente apoyo parlamentario para su aprobación.
"No puedo anticipar los elementos (de la reforma) porque tienen que conocerlo primero los agentes sociales, pero básicamente es el cierre del sistema, de la sostenibilidad completa del sistema", aseguró ayer el ministro.
Escrivá apuntó además que lo que se propondrá a los agentes sociales "es un esquema alternativo, sostenible, razonable y creíble, con el aval de instituciones independientes potentes", para que el sistema sea sostenible y mantenga al mismo tiempo el poder adquisitivo de las pensiones.
