Estados Unidos advirtió este lunes sobre la “impunidad y los índices extremadamente bajos de procesamiento” en México, y señaló que, si bien el gobierno ha emprendido esfuerzos contra el tráfico de personas, los resultados han sido “limitados”.
El Departamento de Estado dio a conocer su informe de Derechos Humanos 2022, en el que lamentó que, en el caso de México, “la impunidad y los índices extremadamente bajos de procesamiento siguen siendo un problema para todos los delitos, incluidos los abusos contra los derechos humanos y la corrupción”.
Indicó que, de acuerdo con informes, “algunos agentes del gobierno eran cómplices de bandas delictivas internacionales, y los índices de procesamiento y condena por estos abusos eran bajos”.
Bandas locales, trasnacionales y narcotraficantes están detrás de “importantes delitos violentos y cometieron actos de homicidio, tortura, secuestro, extorsión, trata de personas, soborno, intimidación y otras amenazas, lo que se tradujo en altos niveles de violencia y explotación”. Sin embargo, a pesar de que el informe reconoce que “el gobierno investigó y enjuició algunos de estos delitos, la mayoría quedaron sin investigar ni enjuiciar”.
Impunidad y la violencia perpetrada por el crimen organizado constituyen las preocupaciones principales del gobierno de Estados Unidos respecto a México.
Preocupa ataques contra migrantes y solicitantes de asilo
El informe recoge reportes de ataques contra migrantes y solicitantes de asilo por parte del crimen organizado, policía y agentes migratorios en las zonas fronterizas y en los aeropuertos.
El gobierno de Joe Biden destacó que México ha llevado a cabo esfuerzos para “combatir las organizaciones que trafican con personas, pero han dado resultados limitados”.
Mencionó por ejemplo sobre el tema de la violencia el reporte que difundió el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, en agosto de 2021, confirmando que las desapariciones de 43 estudiantes de una escuela rural en Ayotzinapa, en 2014, fue un “crimen de Estado”. El informe detectó a diversos funcionarios locales, estatales y federales implicados. Sin embargo, la impunidad en el caso persiste.
También preocupa a Estados Unidos la violencia contra periodistas y activistas de derechos humanos y, en este apartado, señala directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, por “desacreditar públicamente” a esos periodistas y activistas y “presentarlos como parciales, partidistas y corruptos”.
Violencia a manos de la policía, el ejército y otros funcionarios de gobierno; desapariciones forzadas a manos de agentes gubernamentales; tortura; ataques contra personas de la comunidad LGTBIQ, son algunos de los problemas que ve Estados Unidos en México, un país donde, indicó el reporte, “no existe un único mecanismo de supervisión independiente para examinar las actuaciones policiales”, aunque “muchas instituciones federales y estatales del sector de la seguridad y la justicia cuentan con unidades de asuntos internos que se encargan de la supervisión interna y promueven las mejores prácticas de transparencia y rendición de cuentas”.
