SALEM, Oregon, EE.UU. (AP) — Más de 119.000 personas han resultado heridas por gases lacrimógenos u otros irritantes químicos en todo el mundo desde 2015 y unas 2.000 fueron lastimadas por proyectiles “menos letales”, según un reporte difundido el miércoles.
La organización Physicians for Human Rights (Médicos para los Derechos Humanos) y la International Network of Civil Liberties Organizations (Red Internacional de Organizaciones para las Libertades Civiles), que elaboraron el reporte, señalaron que se trataba del “estudio más completo sobre armas antidisturbios realizado hasta la fecha”.
El informe sobre las víctimas de una industria en gran medida no regulada menciona una alarmante evolución de los dispositivos de control de multitudes hacia diseños y despliegues más potentes e indiscriminados, incluido el lanzamiento de gases lacrimógenos desde drones.
El reporte, elaborado en colaboración con la Omega Research Foundation (Fundación Omega de Investigaciones), tomó dos años y medio en compilarse y utilizó bibliografía médica. Algunas de las lesiones fueron mortales, pero a partir de los datos fue imposible calcular el número total de muertes, precisó el autor principal del reporte, Rohini Haar, médico de urgencias e investigador de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de California en Berkeley.
La mayoría de la información viene de casos en los que una persona acudió a urgencias de un hospital por heridas sufridas durante la represión de una protesta y el médico de turno lo documentó, explicó Haar en una entrevista.
El documento pide prohibir las balas de goma y dispositivos multiproyectiles en todo tipo de protestas, y pide aplicar mayores restricciones sobre armas que pueden ser usadas indiscriminadamente, como los gases lacrimógenos, las armas acústicas y los cañones lanzachorros, que en algunos casos son mezclados con tintas o irritantes químicos.
Los gobiernos también deben garantizar que estas armas se sometan a revisiones independientes rigurosas, en cuyas pruebas, evaluación y aprobación participen las fuerzas de seguridad, especialistas técnicos y profesionales de la salud, entre otros, señaló el reporte.
El reporte revela cuestiones preocupantes, consideró el senador Ron Wyden, demócrata por Oregon.
“Estas cifras inquietantes a nivel mundial se asemejan a las preocupaciones que expresé a nivel local cuando Donald Trump despachó fuerzas armadas a Portland en 2020 sin directrices en cuanto a cómo usar municiones químicas cerca de escuelas contra manifestantes cuando la mayoría de ellos estaban ejerciendo pacíficamente sus derechos bajo la Primera Enmienda”, declaró Wyden. La Primera Enmienda a la Constitución de Estados Unidos garantiza los derechos de libre expresión y de acción, considerados fundamentales para un gobierno democrático.
“Las recomendaciones del reporte merecen consideración de parte del Departamento de Seguridad Nacional”, agregó.
Portland, en Oregon, fue el epicentro de protestas contra la injusticia racial tras el asesinato de George Floyd por policías de Minneapolis en mayo de 2020. La policía y los manifestantes chocaron y los agentes dispararon gases lacrimógenos, gas irritante y otras armas, convirtiendo a partes de la ciudad en campos de batalla.
El entonces presidente estadounidense Donald Trump envió agentes federales militarizados para proteger la propiedad federal y la violencia se intensificó, y los agentes rociaron gases lacrimógenos y otros irritantes hacia las multitudes. Los transeúntes y los residentes cercanos se sofocaron con los gases, además de que sus ojos lagrimearon y ardieron. Algunos manifestantes lanzaron fuegos artificiales a los agentes y les apuntaron a los ojos con rayos láser.
La portavoz de la Policía de Portland, Terri Wallo Strauss, recalcó que la política actualizada del departamento hace hincapié en “el objetivo de evitar el uso de la fuerza, cuando sea factible.”
Sólo este mes se han utilizado armas antimotines en Bangladesh, Estados Unidos, Etiopía, Francia, Georgia, Grecia, Israel y los territorios palestinos, Italia, Kenia, Mozambique, Pakistán, Perú, Sri Lanka, Sudáfrica y Turquía, según las organizaciones de derechos humanos.
Por su parte, la policía afirmó que estos dispositivos son, si se utilizan correctamente, una herramienta eficaz para dispersar a los alborotadores.
___
El periodista de The Associated Press Larry Neumeister en Nueva York contribuyó para este despacho.
