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Plan B electoral se desmorona: Corte admite controversia del INE y suspende aplicación

El ministro de la SCJN, Javier Laynez, admitió el recurso legal del órgano electoral y los artículos de la reforma deberán restablecerse

El Plan B electoral impulsado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sufrió una nueva derrota, luego de que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez, admitiera a trámite la controversia constitucional interpuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) y concediera una suspensión a su aplicación.

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La tarde de este viernes fue publicada la determinación, en la que se precisa que los artículos modificados con la reforma deberán restablecerse, como estaban antes de la entrada en vigor de la modificación luego de la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

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“El día de hoy el Ministro Ponente Javier Laynez Potisek admitió la demanda de Controversia Constitucional que interpuso el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del ‘Decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expide una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral’”.

Ahora, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el Congreso de la Unión pueden presentar una respuesta contra esta determinación de la Corte para intentar revertir la paralización de la reforma que afectaba la organización del INE.

“Dicha suspensión fue otorgada debido a que el Decreto no sólo contiene normas de carácter general sino también actos concretos de aplicación, sobre los cuales la suspensión generalmente se concede”, precisó la SCJN en un comunicado.

Uno de los argumentos que presentó la SCJN tras la admisión de la controversia constitucional por parte del ministro Javier Laynez es que su entrada en vigor podría tratarse de una violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía.


“En el caso que nos ocupa se trata de la posible violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía”.

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