La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), manifestó su apertura para llegar a un acuerdo reparatorio con el extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, siempre y cuando se abstenga de la interposición de amparos que obstaculicen el proceso penal.
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Lozoya Austin enfrenta acusaciones por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero por la trama de corrupción de Odebrecht durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN) y ha intentado acceder a un acuerdo reparatorio y el criterio de oportunidad para evitar la apertura del juicio.
Después de que el pasado 13 de marzo en una audiencia intermedia llevada a cabo en el Centro de Justicia Penal del Reclusorio Norte señalara la resistencia de Pemex, Hacienda y la FGR para llegar a un arreglo, la UIF aseguró que están abiertos, aunque en este momento no existen las condiciones por el amparo presentado que ya admitió un juez.
Además, afirmó que se equivocó al considerar cuando dijo que ninguna de las instituciones del gobierno federal sufrió daño patrimonial por dicho esquema de corrupción.
“Si el juzgado le concede el amparo, la posibilidad de la celebración de un acuerdo reparatorio resultaría inexistente porque para la procedencia de un acuerdo se requiere de las partes ofendidas, en términos del artículo 186 del Código Nacional de Procedimientos Penales”.
Un acuerdo reparatorio por el caso Odebrecht y Agronitrogenados ascendería a 10 millones de dólares, alrededor de 194 millones de pesos, a lo que ha estado abierto Lozoya Austin y su defensa.
“Voy a decirlo a grandes rasgos, es superior a los 200 millones de pesos. La familia Lozoya Austin con mucho esfuerzo ha generado las condiciones para garantizar el pago de más de 200 millones de pesos, cumpliendo así el último requisito para el criterio de oportunidad”, expresó el abogado Miguel Ontiveros antes de entrar a la comparecencia el pasado 13 de marzo.
