MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
El pasado 20 de marzo se le retiró la inmunidad al candidato de derecha Rafael Curruchiche por "obstruir a la justicia" tras las críticas que realizó a una investigación penal en contra de nueve periodistas y por la denuncia penal que presentó contra el juez que la autorizó, según un comunicado de HRW.
La investigación contra los periodistas está relacionada con su cobertura sobre la detención y el posterior proceso penal contra un periodista acusado de lavado de dinero.
"En lugar de archivar sus investigaciones abusivas contra periodistas independientes que solo están haciendo su trabajo, el Ministerio Público de Guatemala está investigando a un candidato presidencial que se opuso a estos casos arbitrarios", ha señalado el subdirector en funciones para las Américas de Human Rights Watch, Juan Pappier.
El caso de Currichiche no es el único caso de exclusión de cara a las elecciones presidenciales; durante las últimas semanas el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala ha impedido presentarse a la líder indígena de izquierda Thelma Cabrera y a Roberto Arzú, candidato de derecha.
"Estos procesos penales parecen carecer de fundamento y formar parte de un esfuerzo más amplio por limitar la posibilidad de que las próximas elecciones sean libres y justas", ha declarado Pappier.
INFRACCIONES POR CAMPAÑAS ANTICIPADAS
Curruchiche, que fue sancionado como "actor corrupto y antidemocrático" por el Departamento de Estado de EEUU, pidió al TSE impedir la candidatura de Edmond Mullet por haber violado la prohibición guatemalteca de realizar campaña electoral antes de empezar oficialmente el proceso.
"Los candidatos en Guatemala a menudo infringen la ley que prohíbe hacer campaña anticipada. Las autoridades del TSE suelen imponerles multas, y rara vez los han excluido de presentarse en las elecciones", reza el comunicado de HRW.
Además, la organización ha pedido a las autoridades del país garantizar que las sanciones a estas presuntas infracciones sean proporcionales, que se apliquen de forma igualitaria y que investiguen las denuncias de financiación electoral ilícita, tanto por parte de empresarios como del crimen organizado.
