Tras un receso de más de siete horas, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Juan Ramiro Robledo, declaró sesión permanente, dado que ya se había pospuesto en dos ocasiones la discusión del dictamen de reforma con el que se busca acotar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El diputado dijo que esto se hizo a petición de los grupos parlamentarios del PAN y del PRI, los cuales solicitaron más tiempo para abordar la discusión. La reforma se ha dificultado a causa de la falta de consenso por parte de los grupos parlamentarios de Morena, PRI, PAN, PRD, PT, PVEM que buscan dar salida a los múltiples reclamos que detonó el proyecto.
El coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez, mencionó que con este dictamen se permitiría abordar todo lo que no se dejó avanzar con el “Plan B” de la reforma electoral, presentada por el Ejecutivo.
Así, quedó en el olvido la moratoria constitucional por la cual los líderes del PAN-PRI-PRD acordaron no aprobar ninguna reforma constitucional promovida por Morena y sus aliados (PT y PVEM), ahora estos seis partidos -la única excepción es Movimiento Ciudadano- están impulsando una iniciativa para que el TEPJF no se meta en las decisiones internas de los partidos políticos y del Congreso.
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Antecedentes de la crisis en Tribunal Electoral
El 23 de marzo de este 2023 se presentó una iniciativa que busca reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución, la cual fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Aún no se ha emitido un dictamen, pero las posturas entre los institutos políticos se radicalizan mientras diversas organizaciones salen en defensa del Tribunal.
Movimiento Ciudadano es el único partido que no avala la reforma y la considera una regresión a la vida democrática del país. Argumenta que estas reforma busca restarle facultades en casos de mujeres, personas con discapacidad, poblaciones LGBT+ e indígenas que denuncian violación en sus derechos.
Caso Morena
En septiembre de 2022, el Tercer Congreso Nacional de Morena aprobó la extensión de mandato de Mario Delgado y Citlalli Hernández dentro de la dirigencia del partido hasta los comicios del 2024.
El TEPJ propuso declarar como inválida la extensión por ser inconstitucional y romper con los principios democráticos del partido. El proyecto propuesto por la magistrada Janine Otálara Malassis en la resolución SUP-JDC-147/2022 señala:
- La propuesta de reforma no se había introducido en la convocatoria, sino un día antes de celebrarse el tercer Congreso, por lo que no se garantizó que militantes y congresistas estuviesen al tanto de que se pretendía prorrogar esos cargos.
- Se debe respetar el principio de periodicidad de sus dirigencias y no es posible aumentarlo.
- La extensión rompe con los principios democráticos y constitucionales que rigen el actuar del partido.
Caso PRI
En el mismo sentido, el INE invalidó la reforma a los Estatutos del PRI impulsada por Alejandro Moreno Cárdenas para extender su mandato al frente el partido hasta pasadas las elecciones presidenciales y legislativas de 2024.
Ante esta decisión del Consejo General del INE resolvió que Moreno Cárdenas deberá dejar la dirigencia del partido el 18 de agosto próximo y el PRI tendrá que convocar a un proceso interno para elegir a un nuevo presidente.
Dicha votación del INE fue dividida y la resolución fue rechazada por el partido, por lo que recurrirá a la instancia judicial para impugnarla, lo que abona a esta discusión de acotar las determinaciones de los árbitros electorales.
Partido Naranja, en contra del dictamen
El partido Movimiento Ciudadano expreso su rechazo a la reforma “perversa”, la cual consideran que busca limitar la capacidad de interpretación y control constitucional del TEPJF, al mismo tiempo vulnera los derechos políticos electorales de minorías y otras garantías contempladas en la constitución. Exigieron que la discusión se pospusiera hasta después de las elecciones de este año.
Dante Delgado, coordinador nacional del partido naranja, a través de su cuenta de Twitter expresó: “una vez más, tanto Morena y sus aliados como el bloque Va por México muestran lo que son: aliados de facto. Lo confirma su intento pro debilitar a las instituciones electorales con el dictamen que buscan aprobar en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados”.
Señaló que no es tiempo para una reforma electoral cuando estamos a unos meses de iniciar el proceso del 2024, “si no es atendido con responsabilidad, pondrá en riesgo la estabilidad sociales del país”, puntualizó.
Buscan aprobación unánime
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados -a las 10:00 horas de este martes 11 de abril -inicio su reunión para discutir y votar la reforma para acotar las facultades del TEPJF, pero a los cinco minutos decretaron un receso, convocaron a reanudar los trabajos de 15º reunión ordinaria de la Comisión a las 16:30 horas de este día, en el Mezzanine Sur de este recinto legislativo.
Juan Ramiro Robledo, presidente de dicha comisión en San Lázaro, explicó que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) solicito un receso, con el objetivo de buscar la aprobación unánime al proyecto.
¿En qué consiste la reforma al TEPJF?
Leopoldo Gama, asesor de la Sala Superior del TEPJF, en su artículo: “La reforma constitucional encaminada a contener al Tribunal Electoral”, publicado en la revista Nexos, alerta por los retrocesos en la vida democrática del país si es aprobada por los seis partidos en la Cámara de Diputados.
Explica que se busca modificar los artículos 41, 73, 99 y 105 de la Constitución para limitar la competencia del TEPJF en la resolución de controversias sobre acciones afirmativas, asuntos internos de los partidos políticos y asuntos parlamentarios.
La intención es permitir que tanto el Poder Legislativo como los partidos políticos tomen decisiones sobre grupos minoritarios y vulnerables, sin la intervención judicial, eliminando así cualquier obstáculo en sus determinaciones. Lo que en la práctica podría limitar las facultades de protección que el TEPJF ha ejercido de los últimos años.
¿Qué busca la reforma?
- Limitar la judicialización de los asuntos internos de los partidos políticos.
- Establecer la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para adoptar medidas afirmativas para grupos vulnerables, garantizar la paridad de género en el acceso a espacios de representación.
- Circunscribir la competencia del TEPJF a controversias reguladas únicamente por leyes electorales.
- Excluir de la jurisdicción electoral los actos y determinaciones de las Cámaras del Congreso, así como las decisiones de sus órganos de gobierno y las correspondientes a sus regímenes interiores.
- Facultar a la SCJN, mediante controversia constitucional, a conocer los litigios originados por actos y determinaciones del Congreso y sus órganos de gobierno.
- Limitar la intervención de las autoridades electorales en los asuntos internos de partidos políticos, únicamente a los supuestos específicamente señalados literalmente por la Constitución.
- Limitar las facultades del TEPJF y el INE para fijar medidas afirmativas en favor de grupos vulnerables y para hacer efectiva la paridad de género en el acceso a cargos de elección popular.
- Obligar al TEPJF en todo tipo de controversias a basarse en el tenor literal de las disposiciones aplicables al emitir sus sentencias.
- Eliminar totalmente la competencia de la jurisdicción electoral para abordar asuntos parlamentarios de cualquier índole, aun cuando afecten el ejercicio de derechos político-electorales de los sujetos involucrados.
- Limitar la judicialización de asuntos internos, ciertas decisiones de los partidos políticos quedarían sin opción de ser impugnadas ante los tribunales. De esta manera, los actos partidarios no estarían sometidos a un control de legalidad, constitucionalidad o convencionalidad.
- Restringir al TEPJF en cuanto a establecer medidas afirmativas para grupos minoritarios o garantizar la paridad de género.
En resumen, pretende facilitar la adopción de decisiones políticas sin la necesidad de pasar por un escrutinio judicial. La única vía para impugnar estos actos sería la controversia constitucional ante la SCJN, sujeta a requisitos rigurosos de procedibilidad.
