MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
La operación policial arrancó el pasado junio a raíz de una denuncia procedente del Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC) de Estados Unidos, bajo la mediación de la embajada del país americano en Madrid, ante las sospechas de que un ciudadano español estaría cometiendo un delito de prostitución y corrupción de menores.
Se trataba de 15 archivos de explotación sexual infantil difundidos desde la red social Facebook, y cuya IP de identificación correspondía a un varón de 46 años residente en un municipio madrileño.
Analizados los hechos por la Policía Judicial española consideran que existen indicios respecto a lo denunciado.
Los agentes contactan con la Brigada Tecnológica con el proveedor de línea del sospechoso para recabar los datos necesarios para su imputación, e igualmente obteniendo de Google las diferentes cuentas de redes sociales, correo electrónico o acceso a almacenamientos virtuales desde los que operaba el susodicho.
Por último, se practicó el registro de su domicilio en la sierra de Madrid, donde se incautan ordenadores, varios discos duros, teléfonos móviles, documentación, anotaciones personales y correspondencia postal entre otros muchos elementos de investigación.
Tras la exposición de las pesquisas policiales desde el Juzgado de Instrucción de Torrelaguna consideran procedente acordar la incoación de Diligencias Previas.
VÍCTIMA DE SUPLANTACIÓN El abogado defensor, el letrado Juan Gonzalo Ospina, solicitó el archivo de las diligencias, incidiendo en que no era nada fortuito que los archivos de pornografía infantil se hubiesen distribuido desde una dirección IP modificada desde un programa VPN en una franja de tiempo de apenas dos minutos.
Según la defensa, esto hacía indicar que alguien pudiera haber utilizado la propia red de su cliente para acceder a su perfil de Facebook y enviar los archivos objeto de la investigación.
Ospina también destacó lo expresado en el propio informe de registro, donde "durante el análisis superficial del material informático, en el ordenador de sobremesa, se encuentra la cuenta de Facebook investigada, si bien no se localizan los archivos de explotación sexual infantil en ninguno de los dispositivos examinados", refiere el atestado policial, sumando que "en casa tiene varios ordenadores y dio acceso a todos ellos a los agentes.
El letrado alega que su representado desconoce cómo se enviaron esos archivos y señala que "hace unos 7 años que no usa Facebook", resaltando que su cliente desconoce completamente como puede ser vinculado con un delito de esas características.
Así, expuso que los delincuentes podían usar programas VPN para modificar las IP's y evadir a los investigadores, en lo que se conoce como "spoofing", una forma de suplantación en la que una persona, institución o dispositivo se hace pasar por otra, para cometer un delito.
En relación con el delito de prostitución y corrupción de menores objeto de investigación, en la presente causa el Juzgado de instrucción número 2 de Torrelaguna determina el sobreseimiento provisional de las actuaciones, siendo plausibles las explicaciones ofrecidas por la defensa y no siendo posible demostrar que el acusado sea el autor de los hechos señalados.
