QUITO (AP) — Comienza una semana crucial para la supervivencia del gobierno del presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, quien en los próximos días podría ser destituido por la Asamblea. Sin embargo, el mandatario tiene un as en la manga: podría activar un recurso constitucional que le permite disolver al Legislativo.
El primer revés se lo propinó la Asamblea -dominada por la oposición- el domingo, cuando reeligió en su presidencia a Virgilio Saquicela por el voto de más de dos tercios de los 137 legisladores a pesar de los esfuerzos del Ejecutivo en las últimas semanas de sumar asambleístas a sus huestes.
Saquicela decidió que la fase final del juicio político a Lasso comience el martes con la comparecencia del mandatario ante el pleno de Legislativo, donde los asambleístas tendrán dos horas para sustentar la acusación por malversación de fondos públicos tras lo cual Lasso tendrá la misma cantidad de tiempo para defenderse. Después ambas partes tendrán una hora adicional para eventuales réplicas.
Al final de ese proceso inicial, Lasso se retirará de la Asamblea y se iniciará un debate en el que cada uno de sus 137 integrantes podrá hablar durante 10 minutos.
Según estimaciones de los mismos legisladores, el próximo sábado se realizará la sesión final para determinar la suerte de Lasso. El mandatario ha rechazado la acusación de malversación de fondos públicos que pesa en su contra y que, hasta ahora, tampoco ha sido probada por los acusadores.
La asambleísta opositora Yesenia Guamaní dijo a la red de televisión Teleamazonas que "no se puede hablar de si existirían o no los votos para la destitución” y que eso empezará a perfilarse luego de escuchar al mandatario en la Asamblea.
La Organización de Estados Americanos (OEA) instó el lunes a los legisladores a que el juicio contra Lasso “ofrezca todas las garantías de justicia y respete las normas del debido proceso”.
En medio del proceso de juicio político, Lasso podría en cualquier momento, según lo marca la ley, activar un recurso constitucional que le permite disolver a la Asamblea sin aprobación de ningún órgano estatal. De tomar esta decisión podría gobernar por decreto hasta por seis meses, con el control de la Corte Constitucional, y a la par debería convocar elecciones presidenciales y legislativas.
El jefe de la bancada oficialista, Juan Fernando Flores, dijo a periodistas que ese recurso “es un derecho constitucional que tiene el presidente, que está en la constitución”. Anticipó que Lasso llegará a la Asamblea hacia el mediodía del martes posiblemente acompañado de su gabinete y otras autoridades del gobierno.
Julio Echeverría, analista y catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, explicó a The Associated Press que el presidente llegó a este punto porque no manejó “una línea de construcción de consensos en función de grandes objetivos de país” y ejecutó una política económica que priorizó el equilibrio de las cuentas fiscales, sacrificando la inversión pública y los programas sociales.
Esta es la segunda ocasión en la que Lasso se enfrenta a un proceso de destitución en la Asamblea: la primera fue a mediados de 2021 cuando los legisladores lo acusaron de conmoción interna pero no lograron el mínimo de 92 votos requeridos para removerlo del cargo, tras una violenta huelga indígena que prácticamente paralizó al país casi por tres semanas.
El antecedente más cercano de un presidente ecuatoriano destituido por el Congreso es el de Abdalá Bucaram (1996-1997), en febrero de 1997, aunque en su caso no hubo juicio político sino que los congresistas lo declararon con incapacidad mental para gobernar sin ningún informe médico o psiquiátrico
Lasso, un exbanquero de derecha de 67 años, asumió el poder en mayo de 2021 para un período de cuatro años y desde el principio de su mandato afrontó una férrea oposición legislativa que rechazó sus principales proyectos de gobierno y bloqueó permanentemente su gestión.
