El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) presentó un recurso de queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del “decretazo” presidencial respecto a la construcción del Tren Maya y otras megaobras de la actual administración.
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Mediante un comunicado el Instituto advirtió que la publicación de este segundo “decretazo” viola la suspensión otorgada por el Máximo Tribunal en la controversia constitucional 217/2021, que interpuso en diciembre de 2021, para impugnar el Acuerdo del 22 de noviembre de ese mismo año, por el cual el presidente de la República declaraba como de seguridad nacional los proyectos y obras de infraestructura del Gobierno Federal.
En ese sentido, al admitir la controversia constitucional, la SCJN determinó procedente la suspensión de todos los efectos y las consecuencias del acuerdo, pues su ejecución implicaría una restricción al derecho a saber, ya que la información derivada de esos proyectos y obras podría ser considerada también reservada por seguridad nacional e interés público.
Además de la construcción del Tren Maya, otras obras que estarían bajo reserva son el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum.
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Tras un análisis detallado del contenido, el Inai concluye que el “decretazo” publicado este jueves por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Diario Oficial de la Federación, se encuentra en los mismos términos del Acuerdo de noviembre de 2021 y, por tanto viola la suspensión otorgada por el Máximo Tribunal.
AMLO vs SCJN: IMCO analiza confrontación
En ese sentido, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) analizó el proceso de debate y deliberación entre la SCJN y Ejecutivo, en su observación identificó los aspectos positivos y retos pendientes entre los que destaca el hecho de que la Suprema Corte demostró que es un contrapeso efectivo en el ejercicio del poder.
De igual forma, destacó que al determinar que el acuerdo es inconstitucional, se reconoce y protege las facultades y competencias del Inai y con ello se da protección a esta otra institución contrapeso fundamental de la democracia en México.
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Por último, el IMCO aseguró que al considerar que el acuerdo no tenía la precisión jurídica necesaria, la SCJN actuó como órgano garante de los derechos humanos.
Este segundo “decretazo” cuenta con la precisión jurídica de la que carecía el anterior acuerdo respecto a que el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum son de seguridad nacional, pero aún viola el derecho de acceso a la información.
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La próxima discusión de la SCJN tendrá lugar el 22 de mayo y será fundamental para conocer el alcance de la invalidez y saber si el derecho de acceso a la información de toda la ciudadanía estará protegido, concluyó el IMCO en su análisis.
