La presentación de las nuevas versiones del Plan General de Desarrollo (PGD) y el Programa General del Ordenamiento Territorial (PGOT) 2020-2040 para la Ciudad de México desató críticas entre organizaciones y pueblos originarios, quienes señalan que las autoridades no repusieron el proceso de consulta ciudadana e indígena.
Los inconformes aseguran que los nuevos documentos violan la ley al continuar el proceso con un Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) acéfalo, y que esto puede terminar beneficiando al sector inmobiliario, pues da pie a discrecionalidad en el uso de suelo.
La polémica
El PGD y el PGOT tienen por objetivo la planeación y ordenanza urbanística que se seguirá en la CDMX durante los próximos 20 años. En julio de 2022 se presentaron las convocatorias para las consultas de ambos proyectos; sin embargo, los habitantes de alcaldías como Milpa Alta, Miguel Hidalgo, Xochimilco y Álvaro Obregón acusaron al IPDP de cerrar las consultas de manera autoritaria y sin escuchar la voz de los vecinos.
“Las mismas alcaldías reunieron a la gente. Les decían que venía un plan general y un programa general buenísimos y los hacían llenar cédulas con sus datos como si fueran opiniones ciudadanas, lo que demerita mucho los métodos y las formas de hacer una consulta, con personas que están totalmente desinformadas”.
— Explicó a Publimetro Josefina Mac Gregor, directora de la organización Suma Urbana.
Las consultas se vinieron abajo en diciembre del mismo año ante las críticas por la opacidad y protestas de organizaciones y pueblos originarios. Lo anterior propició que el gobierno capitalino anunciara la reposición del proceso. No obstante, en febrero de 2023, Martí Batres reconoció las críticas por irregularidades que recibió el proceso de elaboración del PGD y el PGOT, e informó la reelaboración de ambos documentos.
Empero, dicha reelaboración no fue acompañada de un nueva convocatoria para la consulta ciudadana, y días después, Pablo Benlliure, director general del IPDP, presentó su renuncia.
Este 22 y 23 de mayo, la jefa y el secretario de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum y Martí Batres Guadarrama anunciaron que para la nueva redacción de los documentos se tomaron en cuenta 14 mil opiniones que contienen a su vez cerca de 35 mil observaciones puntuales sobre las preocupaciones sobre uso de suelo mixto, suelo rural y suelos de conservación, sobre las que afirmaron, se garantizan los derechos de la ciudadanía.
Ahora, la principal queja de los pueblos y organizaciones como Suma Urbana y Ruta Cívica, es que no se hayan repuesto los procesos de consulta, y que se haga al margen de la ley y con un IPDP incompleto, pues señalan que los proyectos se presentaron con solo tres de los 15 integrantes del directorio técnico del IPDP, mismo que carece de director general desde la renuncia de Benlliure.
Los nuevos documentos
Batres Guadarrama y Sheinbuam Pardo aseguraron que en la nueva versión del PGD y el PGOT “se incorpora con claridad” la existencia de los usos de suelo habitacionales puros, para que no haya lugar a interpretación de que todo el suelo se vuelve mixto. Los funcionarios recalcaron que se protege al uso de suelo habitacional unifamiliar (de casa habitación).
“Lo que se establece distinto a los documentos originales, en donde se prestaba a confusión en la elaboración que hizo el Instituto de Planeación, es que hablaba, por ejemplo, de usos mixtos y no claramente establecía usos habitacionales. ¿Qué significaba esto? Pues que, a lo mejor, en una zona que la gente defiende mucho que sea solo de uso habitacional, pudiera llegar a haber usos comerciales”.
— Claudia Sheinbaum.
El secretario de Gobierno detalló que en los documentos también se establecen mecanismos para impedir la privatización del servicio de agua; se prohíbe la construcción de megaproyectos en zonas que tienen estrés hídrico; se reivindica el derecho a la ciudad, y se descarta la incorporación del llamado “suelo rural”, concepto que fue criticado por pueblos originarios– particularmente del sur de la CDMX–, quienes argumentaron la intención de dividir el suelo de conservación, división que Batres descartó.
“Se reconocen las limitaciones de la ciudad en términos de sus recursos naturales para el desarrollo de proyectos grandes. Por ejemplo, Iztapalapa, Iztacalco, Tláhuac tienen un problema de abastecimiento de agua potable, en general en toda la ciudad, pero particularmente el oriente y algunas zonas del sur tienen todavía más problema. Entonces, ahí se orienta a que en esos lugares no puede haber estos desarrollos”.
— Claudia Sheinbaum.
Por otra parte, el secretario de Gobierno de la CDMX aclaró que la alcaldía Milpa Alta quedará exenta del PGOT, y éste no tendrá efectos legales ni administrativos sobre este territorio, pues se seguirá rigiendo por el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal (hoy CDMX).
La trama oculta
Diversas organizaciones manifestaron su rechazo al anuncio de los nuevos documentos, a los que califican como un “albazo inmobiliario”, y que incluyen una trama oculta que deje el uso de suelo a discrecionalidad de las alcaldías y de la Secretaría de Desarrollo Urbano en Vivienda (Seduvi).
“El tipo de documentos que se han presentado dan gran discrecionalidad a la secretaría de Desarrollo Urbano en Vivienda de decidir elementos centrales de identificación de altura, de poder vender de acuerdo a criterios, no establecidos en la Ley”, indicó Josefina Mac Gregor.
Mónica Tapia, directora de Ruta Urbana, sostuvo que las facultades para determinar los usos de suelo quedarán en manos de los alcaldes de la CDMX. «Es un engaño decirle a la gente “los usos de suelo no van a cambiar”, ¡claro que van a cambiar! Nada más que ahora no lo va a hacer el Instituto de planeación, sino las alcaldías».
Las especialistas sostienen que la presentación del PGD y el PGOT está fuera de la ley, pues el IPDP no está en condiciones para operar, pues no tiene titular, su directorio técnico se mantiene solo con tres de 15 integrantes, y no existe un consejo ciudadano que realice una consulta válida.
“Es una gran burla hacia la ciudadanía. Es una gran violación a los derechos fundamentales de quienes aquí vivimos. Es una gran violación a nuestro derecho a la ciudad y, si se continúa por este camino, lo único que se logrará es volver ley los elementos de discreción que han utilizado –según otros entidades públicas– para poder otorgar permisos fuera de norma”.
— Josefina Mac Gregor.
Estatus
- El PGD y el PGOT tienen que ser enviados por el IPDP a la jefatura de Gobierno para que su titular les de la última revisión antes de enviarlos al Congreso de la CDMX, donde se discutirá su eventual aprobación.
