El caso del Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, sobre la vigilancia por Pegasus, no es un hecho aislado, organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y periodistas han sido vigilados en diversas ocasiones.
Amnistía Internacional y Forbidden Stories realizaron una serie de investigaciones denominada ”Pegasus Project” y en dicha documentación revelaron que 15 mil números telefónicos, tan sólo de México, han sido potenciales objetivos de Pegasus desde el sexenio pasado.
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Dicho proyecto fue publicado el 18 de julio de 2021 en diversos medios de comunicación a nivel mundial y también medios mexicanos, en la cual participaron más de 80 periodistas del mundo de 17 medios y organizaciones.
Entre los 15 mil números con código mexicano, aparecen familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y más de 25 periodistas entre ellos el guerrerense Cecilio Pineda Brito, quien fue privado de su vida en el 2017.
De acuerdo con la documentación realizada por Forbiden Stories y Amnistía internacional, recalcaron que Pegasus “pone al descubierto que el software espía de NSO es el arma preferida de los gobiernos represivos que intentan silenciar a periodistas, atacar a activistas y aplastar la disidencia, poniendo en peligro innumerables vidas”, manifestaron.
La organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (RED), en cambio documentó que Citizen LAB de la Universidad de Toronto confirmó que dos integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, fueron interceptados en junio, julio y septiembre del 2022. Cabe mencionar, que dicho organismo también fue espiado en el sexenio anterior con Pegasus, ya que se encontraban en las investigaciones de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y la masacre de Tlatlaya.
Dicha organización se dedica a investigar y acompañar a víctimas de diversas violaciones en derechos humanos y entre ellos las que ha realizado el ejército mexicano. El periodista, columnista y analista político, Ricardo Raphael, fue espiado en octubre-noviembre del 2019, y en diciembre del 2020. Durante esas fechas publicó textos sobre restos óseos encontrados de los estudiantes de Ayotzinapa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
El ataque de octubre en 2019 coincide con la presentación de su libro “Hijos de Guerra”, en la cual entabló una entrevista con uno de los fundadores del grupo criminal Los Zetas, Mellado Cruz, de quien versiones oficiales señalan que murió en mayo del 2014. Uno de los periodistas de Animal Político, un medio de comunicación digital también sufrió de espionaje en el 2021; quien prefirió mantenerse en el anonimato por cuestiones de seguridad.
Dicho ataque se dio el mismo día que el medio publicó un caso sobre violaciones de derechos humanos por las Fuerzas Armadas. Un espionaje más fue a Raymundo Ramos Vázquez, defensor de derechos humanos en el estado de Tamaulipas, quien ha documentado las violaciones cometidas por el Ejército y la Marina en dicho estado, los ataques que tuvo fueron el 28 de agosto, 2 y 3 de septiembre del 2020.
El defensor acompañó tres casos importantes: el asesinato de tres civiles en una persecución que está casa editorial documentó como parte del área de periodismo de investigación en el 2020, la ejecución extrajudicial de ocho personas, 2019 y la desaparición forzada de 56 personas en Nuevo Laredo en el 2018.
Organizaciones de la sociedad civil como artículo 19, Red en Defensa de los Derechos Digitales (RED) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Social TIC, se pronunciaron en julio del 2021; dichas organizaciones pedían que la Fiscalía General de la República un plan de investigación serio, exhaustivo e integral.
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Exhortaban al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y a la Fiscalía General a transparentar contratos, anexos técnicos, expedientes e información relacionada al espionaje. También pedían al ejecutivo y Congreso de la Unión que impulsara un diálogo con la sociedad civil y organizaciones sobre las intervenciones por parte de autoridades del Gobierno.
En cambio, Amnistía Internacional ha documentado por varios años la vigilancia ilegítima y ha pedido en varias ocasiones “la suspensión mundial de la venta, transferencia y empleo de programas espía”, recalcan.
