El aspirante a la presidencia del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, se lanzó en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por su propuesta de reforma judicial para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean elegidos a través del voto directo de la ciudadanía.
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Comparó la ineficacia de esta medida con la situación que vivió Bolivia en la designación de los integrantes del máximo tribunal por el sufragio popular, lo que tachó como una “ocurrencia” o una “amenaza” por parte del gobierno de Morena.
Al respecto, proyectó que con un método de elección popular de los ministros de la Corte, comenzarían a repartirse por cuotas entre los partidos políticos, lo que se ha probado que no funciona en el Poder Legislativo con el Congreso de la Unión y la Cámara de Senadores.
“¿De verdad queremos que los partidos políticos se repartan a los ministros de la Corte? ¿De verdad queremos politizar al máximo tribunal del país? Eso es lo que implica que sean electos por votación, como los diputados y los senadores”, expresó en una entrega más de su video semanal.
En este sentido, se refirió a que los ministros del máximo tribunal deben servir a la Constitución Mexicana, no a los partidos políticos que persiguen intereses particulares, por lo que no es viable el voto popular para su designación en la Corte.
“Por algo en ninguna parte del mundo se hace eso. Bueno, hay un país que sí: Bolivia. ¿Y qué ha pasado en Bolivia con la elección de los magistrados del Tribunal Supremo? Lo que pasó fue que aun cuando estaba claramente prohibido por la Constitución, permitieron que Evo Morales se reeligiera como Presidente”, dijo.
Aseguró que, independientemente de quien sea el titular del Ejecutivo en un futuro, no le conviene al país elegir a los ministros por voto directo, además de que tendrían que hacer campaña política para promover su imagen ante la ciudadanía con el uso de recursos públicos.
“La Suprema Corte es la última trinchera de nuestra democracia. Si nos quedamos sin contrapesos, sin la posibilidad de echar atrás leyes injustas o contrarias a la Constitución, peligra nuestra libertad y nuestros más elementales derechos”.
