Un juez federal le concedió un triunfo a la exsecretaria de Estado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN), Rosario Robles, después de anular la orden de aprehensión dictada en su contra, en el año 2020, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero del caso de la “Estafa Maestra”.
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Robles Berlanga obtuvo dicho fallo tras la interposición de un amparo en contra de dicha medida de la Fiscalía General de la República (FGR), pues las acusaciones carecieron de sustento y se encontraron diferentes irregularidades, pues no se comprobó la comisión de dichos delitos por parte de la exsecretaria de Desarrollo Social.
El juzgador Eutimio Ordoñez Gutiérrez, con sede en Toluca, emitió dicha resolución el viernes pasado, según dio a conocer el abogado de Rosario Robles, José Garrigos, en el espacio radiofónico de Ciro Gómez Leyva y, a su vez, agregó que se consideraron excesivas las condiciones de encierro a las que fue sujeta la exsecretaria.
Se refirió a violaciones a sus derechos humanos y al debido proceso, pues no existían argumentos para que permaneciera en prisión preventiva oficiosa en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, al no existir riesgo de fuga, como había sido argumentado por un juez.
La FGR no estuvo conforme con la determinación del juez y presentó una apelación mediante su unidad especializada en delincuencia organizada, a la espera de una revocación del fallo que deja inaplicable la orden de aprehensión contra Rosario Robles.
La orden de detención nunca fue cumplimentada en contra de Robles Berlanga y permaneció en prisión por la medida cautelar dictada por un juez, lo que sus abogados han criticado, además de señalar que no se logró esto por la ausencia de pruebas en la integración de la carpeta de investigación.
La captura de la exsecretaria de Estado con Enrique Peña Nieto fue detenida en el año 2019, tras presentarse a una audiencia de manera voluntaria en el penal de Santa Martha y permaneció en prisión preventiva oficiosa hasta tres años después, el 20 de agosto del 2022, cuando un juez indicó que la medida cautelar dictada era excesiva.
