NAIROBI, Kenia (AP) — Pretty Peter, una mujer transgénero ugandesa, está relativamente a salvo en la vecina Kenia. Sus amistades en Uganda, sin embargo, se siguen sintiendo amenazadas por la ley antigay recientemente sancionada, que ordena la pena de muerte en casos definidos como “homosexualidad agravada”.
Aterrados, los LGBTQ buscan la manera de huir, como hizo Pretty Peter. Algunos permanecen en sus casas desde el lunes, cuando se firmó la ley, por temor a que los ataquen, dijo.
“Los homófobos han recibido una validación del gobierno para atacar a la gente”, dijo la mujer de 26 años, en una habitación decorada con retratos sombríos de un proyecto global llamado “Donde el Amor es Ilegal”.
“Mis amigos han visto un cambio de actitud en sus vecinos y buscan documentos y dinero para viajar y obtener refugio en Kenia”, dijo.
Es difícil: un mensaje a Pretty Peter dice “Las chicas y yo queremos venir, pero es demasiado difícil”.
La homosexualidad ha sido ilegal durante mucho tiempo en Uganda bajo una ley de la era colonial que pena la actividad sexual “contraria al orden de la naturaleza”. La violación de la ley se pena con cadena perpetua. Pretty Peter, que pidió ser identificada por su seudónimo por razones de seguridad, huyó del país en 2019 después que la policía arrestó a 150 personas en un club gay y las presentó ante la prensa antes de acusarlas de alteración del orden público.
La nueva ley sancionada por el presidente Yoweri Museveni fue condenada por activistas y otros en todo el mundo. No penaliza a quienes se identifican como LGBTQ, tras la indignación provocada por una versión anterior. Museveni había devuelto el proyecto a la asamblea nacional para pedir que se distinguiera entre identificarse como LGBTQ y practicar actos homosexuales.
La nueva ley conserva la pena de muerte por “homosexualidad agravada”, definida como las relaciones sexuales infectadas con VIH, así como con menores y otras personas vulnerables. La condena por “intento de homosexualidad agravada” puede llegar a 14 años. Y hay una pena de 20 años por “promover la homosexualidad”, una categoría amplia que abarca a periodistas y activistas.
