La Fiscalía General de la República (FGR) requirió a los militares que participaron en la presunta ejecución extrajudicial de cinco civiles armados en Nuevo Laredo, Tamaulipas, para entrevistarlos sobre los hechos ocurridos en mayo y que salieron a la luz pública el pasado martes.
De acuerdo con fuentes federales, el ministerio público del caso solicitó apoyo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para interrogar a los elementos como parte de la investigación que lleva a cabo para deslindar responsabilidades.
Al momento, precisaron las fuentes consultadas, el personal ministerial recaba imágenes de las cámaras de video instaladas en la zona donde se registraron los hechos e indaga sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la muerte de los cinco sujetos, presuntos integrantes de la delincuencia organizada en Nuevo Laredo.
Lo anterior es para valorar si determina el ejercicio de la acción penal contra los militares, en caso de encontrarse elementos constitutivos de delito.
La Sedena, al mando del general Luis Cresencio Sandoval González, informó la noche del martes que coopera con la Fiscalía General de la República para esclarecer los asesinatos y a la par, señaló, la Fiscalía General de Justicia Militar inició de oficio una investigación sobre la participación del grupo de militares en la muerte de cinco hombres armados.
Ante lo ocurrido, el colectivo Seguridad Sin Guerra y Amnistía Internacional pidieron al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador realizar una investigación expedita y apegada al derecho internacional de la presunta ejecución de los cinco civiles armados.
Además, le hicieron un llamado para incorporar la regulación del uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública del orden civil.
“Amnistía Internacional y Seguridad Sin Guerra recuerdan que les corresponde a las autoridades civiles determinar las responsabilidades de los elementos del Ejército en los hechos que se aprecian en el video”, señalaron.
Mediante un comunicado, afirmaron que estos hechos no pueden entenderse de forma
aislada, sino que reflejan los procedimientos con los que las Fuerzas Armadas han actuado en los últimos 16 años en México al realizar funciones de seguridad pública que les corresponden únicamente a autoridades civiles.
