CARACAS (AP) — El gobierno de Venezuela y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) suscribieron el miércoles un acuerdo de cooperación con miras a atender los problemas de seguridad alimentaria y nutricial en el país, azotado por una severa crisis social y económica.
“Tenemos una hoja de ruta muy clara”, dijo Mario Lubetkin, subdirector de la FAO para América Latina y el Caribe, destacando que Venezuela podría estar en la vanguardia de la alimentación y de la agricultura a nivel mundial, pero no es así. “Eso lo podremos lograr abordando de manera integral el hambre y la desigualdad”, añadió.
En Venezuela –aquejada de bajos salarios y una alta inflación-, la mayoría de los venezolanos tiene una dieta deficiente, de acuerdo con reportes de organizaciones internacionales como el Programa Mundial de Alimentos de la ONU.
A diferencia de años recientes, cuando era consecuencia principalmente de la escasez de alimentos básicos, ahora la causa fundamental son los elevados precios de los productos. Se fijan de acuerdo con su costo en dólares, lo que ha minado el poder de compra de millones de venezolanos.
El salario mínimo, que es el que recibe la mayoría de los trabajadores, es de menos de cinco dólares al mes. Apenas da para comprar un litro de aceite de maíz al mes.
El convenio de cooperación con la FAO, firmado con el ministro de Planificación venezolano, Ricardo Menéndez, contempla asistencia técnica, incremento de producción agropecuaria y colaboración ambiental para los años 2023 a 2026. No obstante, no se dieron a conocer detalles de si habría entrega de fondos o cómo se materializará el apoyo en esas áreas.
Pese a que el gobierno del presidente Nicolás Maduro niega que exista una crisis humanitaria en el país, en contraste con lo que sostienen sus críticos locales e internacionales, su administración ha suscrito en los últimos años varios convenios de asistencia y cooperación con agencias de la ONU, entre las que se incluye el Programa Mundial de Alimentos (PMA).
Menéndez destacó que para el gobierno venezolano el convenio tiene una “importancia estratégica”, dado que parte de los “principios del respeto y del derecho al desarrollo”.
