PHOENIX (AP) — A pesar del rechazo del presidente Joe Biden a la práctica de su predecesor de separar a familias de migrantes en la frontera sur, su gobierno solicitó el martes a una corte federal que deseche una demanda con la que se pide una indemnización para cinco madres y sus hijos.
El abogado del Departamento de Justicia Phil MacWilliams dijo a la jueza federal Susan R. Bolton que los reclamos son improcedentes y que, por ende, el caso debe ser cancelado. MacWilliams alegó que los agentes de la Patrulla Fronteriza con sede en Yuma, Arizona, separaron a su criterio a las familias, pero que ese proceder no correspondía a una política dirigida a disuadir la llegada de migrantes.
La abogada Diana Reiter, representante de las familias, afirmó que el caso debe ir juicio porque las separaciones fueron parte de una política mayor durante el gobierno del entonces presidente Donald Trump con el propósito de impedir la llegada de migrantes a la frontera. Como las mujeres jamás fueron enjuiciadas, las separaciones eran innecesarias, agregó.
Bolton emitirá una decisión en las próximas semanas.
El intento del gobierno estadounidense de impedir el juicio pone de manifiesto la difícil posición actual del gobierno de Biden en momentos en que enfrenta sus propias dificultades para lidiar con la llegada de migrantes.
Las madres y sus hijos demandaron al gobierno estadounidense en 2019, en busca de una indemnización por el trauma que sufrieron el año previo cuando vivieron en carne propia la política de separación.
En 2021, el gobierno de Biden participó discretamente en negociaciones para un acuerdo tendente a poner fin a las demandas presentadas a nombre de padres e hijos que fueron separados por la fuerza de conformidad con la política de tolerancia cero del gobierno de Trump. Sin embargo, autoridades federales se retiraron de las conversaciones en diciembre de 2021 y dijeron que el gobierno optaría por defenderse ante cada caso en tribunales.
Las negociaciones en casos que implicaron a cientos de demandantes tuvieron lugar durante meses hasta que The Wall Street Journal informó en octubre de 2019 que el gobierno consideraba pagar unos 450.000 dólares a cada persona afectada por la política. The Associated Press confirmó después que dicha cantidad había sido discutida.
Alrededor de 5.500 menores fueron separados por la fuerza de sus padres en 2018 durante la presidencia de Trump como parte del intento de su gobierno de frenar la llegada de personas a Estados Unidos a través de su frontera sur, incluidos migrantes que se presentaban para solicitar asilo, tal como la ley se los permitía. En fecha posterior ese año, Trump puso fin a la práctica de separación de familias en medio de una indignación generalizada.
El gobierno de Biden ha revertido algunas de las medidas de Trump diseñadas para impedir la llegada de migrantes a la frontera, incluso si lo hacían legalmente.
El American Immigration Council presentó una demanda a nombre de las madres y sus hijos, a quienes también representan el despacho Reiter, Arnold & Porter, así como el National Immigrant Justice Center, la National Immigration Litigation Alliance, y Kairys, Rudovsky, Messing, Feinberg & Lin.
