Presidente autoriza a la policía el uso de armas “en legítima defensa”

El mandatario aclaró que cuando los policías lesionen, dañen o causen la muerte de alguien por uso legítimo de la fuerza “no serán separados de su cargo

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, autorizó a la policía que haga uso de sus armas y municiones para combatir a las organizaciones criminales y del narcotráfico que han desatado una inusual ola de extorsiones, secuestros, asaltos y asesinatos.

Lasso sostuvo que cuando esté en peligro la vida de los agentes o de terceros “actúen, hagan uso de sus armas... actúen, tienen las municiones, tomen la decisión firme y clara sin dudar”.

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Laso hizo el pedido al entregar en Guayaquil 5.5 millones de municiones para entrenamiento y dotación de los uniformados de un total de 24 millones que Ecuador compró a Estados Unidos.

Guayaquil y las vecinas poblaciones de Sanborondón y Durán registran la mayor tasa de violencia en el país. A diario se registran asesinatos por parte de sicarios y en lo que va del año se han producido allí unas mil 30 muertes violentas, de acuerdo con información policial.

Uno de los permanentes reclamos de la policía es que los uniformados no cuentan con municiones, chalecos antibalas, vehículos y otros elementos para enfrentar a las organizaciones criminales.


El presidente Lasso aclaró que cuando los policías lesionen, dañen o causen la muerte de alguien por uso legítimo de la fuerzano serán detenidos o separados de la institución, mientras no haya sentencia” y destacó que en en esos casos los agentes no irán a cárceles comunes sino espacios especiales.

¿Dónde quedó el resto de las municiones comparadas?

La posibilidad de que los uniformados usen las armas deriva de la aprobación de una reforma legal del año pasado denominada “uso legítimo de la fuerza” que eliminó la disposición de que los policías debían esperar a ser atacados por los delincuentes antes de usar sus armas.

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Desde hace cuatro años la violencia en las calles se ha incrementado notablemente por acción de organizaciones criminales, al igual que en las cárceles del país donde en año 2021 se reportaron unos 316 internos asesinados mientras que en 2022 la cifra fue de 130 homicidios.


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