CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Zury Ríos Sosa es la hija del fallecido exdictador José Efraín Ríos Montt y quiere ser presidenta de Guatemala.
Conocida en los círculos militares allegados a su padre como “la Nena”, se postula por primera vez en las elecciones del domingo con una propuesta de mano dura que emula a la política del presidente salvadoreño Nayib Bukele y del exmandatario colombiano de derecha Álvaro Uribe (2002-2010).
Ríos Sosa quiere replicar las estrategias de seguridad usadas por Bukele en el combate a las pandillas, así como la construcción de cárceles. La candidata asegura que también quiere copiar la estrategia de lucha contra el narcotráfico del expresidente colombiano a las que considera exitosas.
Aunque su candidatura fue rechazada en dos ocasiones por la Corte de Constitucionalidad por ser descendiente directa del exdictador -condenado en 2013 a 80 años de prisión por el genocidio de 1.771 indígenas ixiles durante la guerra civil, sentencia que fue revertida 10 días después-, esta vez no ha encontrado impedimentos para postularse por la coalición ultraderechista Valor-Unionista.
Ríos Sosa, de 55 años, fue diputada al Congreso de la República cuatro veces y se presenta por un partido que ha buscado apoyo en los sectores más conservadores a nivel nacional e internacional y ha sido el mayor aliado del oficialismo durante las presidencias de Jimmy Morales (2016-2020) y de Alejandro Giammattei (2020-2024) en cuanto a la aprobación de leyes que reducen derechos.
Con cinco matrimonios a cuestas, la candidata a presidenta ha sido cuestionada precisamente por la radicalización de su movimiento político sobre los valores familiares.
Los diputados de su partido, en conjunto con el oficialismo, impulsaron en 2022 la Ley para la Protección de la Vida y la Familia, una norma que intentaba endurecer las penas de prisión por los abortos y prohibía el matrimonio igualitario, entre otras restricciones. Ante las protestas sociales contra dicha norma, el Congreso tuvo que dar marcha atrás y la ley fue archivada sin entrar en vigencia.
Ríos Sosa se postula junto a Héctor Cifuentes, un político de derecha que estuvo procesado por el delito de financiamiento electoral ilícito y que se libró de la acusación meses antes de inscribirse como candidato al cargo gracias a un fallo constitucional.
Su fuerza política ha apoyado, además, la aplicación de estados de sitios en Guatemala que restringen derechos constitucionales, así como la aprobación de préstamos y el incremento de la deuda pública nacional.
A diferencia de elecciones anteriores, en esta ocasión el Registro de Ciudadanos, el Tribunal Supremo Electoral, las cortes del país y hasta la Corte de Constitucionalidad fallaron a su favor para que no pesara la prohibición constitucional que impide que un jefe de un golpe de Estado -como lo fue su padre entre 1982 y 1983- o sus familiares puedan optar al cargo de presidente o vicepresidente.
La Corte de Constitucionalidad tiene entre sus integrantes al juez Roberto Molina Barreto, quien intentó competir como vicepresidente de Ríos en 2019 y a Luis Rosales Marroquín, magistrado suplente, que es el abogado defensor de su familia.
Ríos Sosa es abogada con un máster en Desarrollo Legislativo. Es una férrea defensora de los militares acusados de crímenes de lesa humanidad, ha negado que en el país haya habido un genocidio y ha sostenido firmemente que su padre no fue responsable de ningún episodio de este tipo. Incluso inició su campaña electoral en la región ixil, una zona muy golpeada durante la guerra civil de 1960 a 1996.
El listado de candidatos a diputados de su coalición está encabezado por el exministro de Seguridad y Relaciones Exteriores de Morales, Enrique Degenhart, recordado por firmar un acuerdo con el gobierno de Donald Trump para que Guatemala fuera “tercer país seguro” en la recepción de migrantes de otras naciones que buscaban llegar al norte.
También está en la lista la exministra de Relaciones Exteriores Sandra Jovel, impulsora de que saliera del país la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente de las Naciones Unidas que durante 12 años investigó la corrupción en el país.
