Las trampas laborales y fiscales del outsourcing no solo sobrevivieron a la reforma que prohíbe esta práctica en México, sino que fueron reinventadas para burlar los derechos de los trabajadores y evadir las obligaciones de las empresas.
A más de dos años de la promulgación de la reforma, publicada en abril de 2021, las cifras del IMSS y los análisis privados revelaron que 44% de los trabajadores que estaban subcontratados perdieron o no consiguieron mejoras sustanciales.
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Mientras que el restante 56% logró ser contratado por otro patrón o empleador, bajo un esquema diferente al outsourcing; aunque en algunos casos el cambio implicó pérdida de ingresos, prestaciones y derechos laborales.
¿Qué cambió con la reforma?
El presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), Héctor Márquez Pitol, explicó a Publimetro que –al momento de poner la reforma sobre la mesa– el IMSS y la Secretaría del Trabajo reportaron a 5.2 millones de empleados tercerizados.
Indicó que, después de “un monitoreo detallado” de dichos trabajadores, las cifras actuales arrojan que más de 900 mil empleados (18%) desaparecieron de los registros del Seguro Social, debido a que perdieron su plaza y, en el mejor de los casos, pasaron a la informalidad.
Mientras que 1.4 millones de personas más (27%) siguen bajo un esquema de subcontratación, a través de la figura de servicios especializados, que permite contratar a personal que realiza actividades diferentes a la actividad económica central de las empresas.
¿Quién logró salir del outsourcing?
El presidente de la AMECH indicó que solo a 2.9 millones de trabajadores –56% de los 5.2 millones que estaban tercerizados en 2021– “les fue mejor” con la reforma que prohíbe el outsourcing, porque lograron contratarse y salir de tal esquema.
Refirió que, de acuerdo con los registros del IMSS, este último grupo de personas ya trabaja con otro patrón, bajo un sistema laboral diferente a la subcontratación directa; aunque en algunos casos se reportó una reducción de ingresos y prestaciones.
Al momento de aplicar la reforma, el Seguro Social indicó que 77% de quienes salieron del outsourcing fueron contratados con incrementos salariales de hasta 12%, mientras que 23% registraron reducciones en los sueldos.
SAT detecta evasión más sofisticada
El SAT y la Secretaría del Trabajo advirtieron que:
- Despachos ofrecen a los patrones esquemas que simulan ser planes de pensiones, con la intención de evadir el pago de contribuciones por las nóminas de sus trabajadores.
- A través de estas prácticas se entrega dinero a trabajadores en activo y simula que se trata de pagos por concepto de jubilaciones, pensiones u otras formas de retiro.
- En realidad, se trata del pago de la nómina, con la finalidad de no considerarlos como parte del salario del trabajador y darle el tratamiento de ingresos exentos del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
- Este delito perjudica las prestaciones de salud, vivienda y pensión de los trabajadores y se castiga hasta con 13 años de cárcel.
Tres preguntas a…
Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios del Empleo Formal (CEEF):
1. ¿La reforma del outsourcing acabó con la simulación laboral?
– No, no fue la solución, porque sigue habiendo empresas que se dedican a la subcontratación, con servicios especializados o no, pero con las mismas prácticas: pagos a través de sindicatos, cooperativas e ingresos asimilados a salarios.
Además, persiste la falta de supervisión, vigilancia y sanción –de parte del IMSS, SAT y Secretaría del Trabajo– para castigar a quienes siguen con la evasión fiscal y simulación laboral. Una prueba de ello es que no hemos sabido de empresarios que esté en la cárcel por seguir estas prácticas
2. Entonces ¿qué controla la Secretaría del Trabajo con la reforma del outsourcing?
– La Secretaría del Trabajo controla el papel, controlan el registro de las empresas de subcontratación especializada, que permite la ley para evitar la subcontratación directa, pero eso no te aseguran que no haya evasión. No se ha dado el cambio que se esperaba.
3. ¿Por qué no hay resultados contra la evasión y simulación fiscal y laboral?
– Principalmente porque la carga social en el empleo formal (cuotas al IMSS, Infonavit, Afores y prestaciones) suma a las empresas un costo equivalente a 40% del salario del trabajador, sobre todo en los empleados de menores ingresos; además de los incrementos constantes al salario mínimo, la falta de supervisión y falta de sanciones.
