Durante el pasado mes de mayo entró en vigor la llamada Ley 3 de 3 contra la violencia, que establece reformas a los artículos 38 y 102 de la Constitución Mexicana. Con esto se impide que aquellas personas que cometan un delito contra la mujer, como abuso sexual o violencia intrafamiliar, o en su defecto, sean deudores alimentarios, no podrán ocupar un cargo de elección popular. Sin excepciones.
Tras semanas que entró en vigor, un legislador es el primero en ser retirado de su cargo. El senador por Morena, Elí César Cervantes, originario de San Luis Potosí fue removido de su puesto, de acuerdo con el portal de internet de El Universal San Luis Potosí. Cervantes ingresó al senado después de la renuncia de Primo Dothé, ganador en las elecciones de 2018 y que abandonó su cargo y partido ese mismo año.
Según información del portal, Cervantes aparece en el padrón como deudor alimentario, por lo que fue notificado de que esta condición le impedía continuar desempeñando el cargo de elección popular. En el sitio web del Senado de la República aparece nuevamente Primo Dothé.
Otra de las restricciones que aplica la Ley 3 de 3, es que las personas que cometan estos delitos, no podrán desempeñar ningún empleo dentro del gobierno, sea a nivel municipal, estatal o federal, ni ser postulado a un cargo de elección popular. Además, se puede consultar el registro público de los deudores y acreedores de obligaciones alimentarias a través del Registro Nacional de Obligaciones Alimentaria.
